El gobierno de Luis Arce ha cometido varios delitos en el ejercicio de sus funciones junto a sus colaboradores, aspecto que deberá ser investigado y posteriormente procesado conforme a ley. Es evidente que este procesó podrá iniciarse y sustanciarse una vez que el actual Presidente deje su cargo el 8 de noviembre de 2025.
¿Cuáles son las razones para este anuncio? ¿Y cuál es el procedimiento?
Luis Arce ha vulnerado la Constitución Política del Estado y varias normas, de las cuales destacan el levantamiento militar del 26 de junio de 2024, cuando el general Zúñiga declara al presidente como autor intelectual de ese autogolpe. Según sus declaraciones, el traslado de varias tanquetas se hizo con “orden presidencial”.
El Artículo 124 de la CPE, dispone que:
“I. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos:
2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales”.
Resulta que, en el caso del litio y los contratos con las empresas china y rusa, se violó el régimen constitucional de recursos naturales, pues el litio es propiedad y dominio directo del pueblo boliviano, con el objetivo de garantizar el desarrollo sustentable del país y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Este régimen lo define como “estratégico” y de interés público, y establece que su aprovechamiento debe ser responsable, planificado e industrializado, promoviendo la conservación ambiental y la soberanía del Estado sobre ellos. Los contratos son entreguistas y traicionan a la patria.
El daño causado al patrimonio de los bolivianos es también objeto de Juicio de Responsabilidades: “II. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”. (Ley N° 044, Ley para el juzgamiento de la presidenta o presidente …).
El ecocidio, por la quema de más de 12.6 millones de hectáreas de bosques y áreas no boscosas, tampoco puede quedar en la impunidad.
Respecto al procedimiento, es fundamental aclarar que el gobierno de Luis Arce realizó una persecución política penal a los funcionarios del gobierno transitorio a la cabeza de Jeanine Añez, vulnerando la CPE, normas, el debido proceso, el juicio justo e imponiendo una detención preventiva reiteradamente ampliada y sin fundamento jurídico. Para el caso de Luis Arce, corresponde no cometer semejante aberración jurídica.
Cualquier persona puede presentar una “proposición acusatoria” en la Fiscalía General del Estado, según el artículo 13 de la Ley 044. Con la proposición acusatoria, en un plazo de 30 días hábiles, la Fiscalía debe formular el requerimiento de acusación o el rechazo. Desde el inicio del proceso debe existir, según la normativa, un control jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En caso de existir materia “justiciable”, la Fiscalía General del Estado requerirá ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento. El ente judicial deberá remitir el proceso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de forma que dé o no su autorización. La Comisión Mixta de Justicia Plural es la que recibe el requerimiento y la encargada de hacer conocer al pleno. Para dar aval al proceso, la Asamblea requiere la aprobación de los 2/3 de los miembros presentes. De tener el apoyo esperado, el Legislativo permitirá el juzgamiento, remitiendo todo el material colectado en su investigación al Tribunal Supremo de Justicia.
Hoy, merced al voto ciudadano se tiene nuevos Magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, que deben cumplir con sus obligaciones. También se tiene una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, sin ningún impedimento para tramitar el inicio de un juicio de responsabilidades, siempre y cuando la “proporción acusatoria” sea clara y con evidencia sólida.
Creo que ahora, la justicia deberá actuar con solvencia y responsabilidad histórica.
El autor es analista político e investigador.