Desde el primer momento en que se puso en aplicación la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el año 2009, surgieron numerosas críticas y comentarios, señalando, al mismo tiempo, que debía ser modificada y, previamente, legalizada, ya que no había sido aprobada por la Asamblea Constituyente de 2006-2007, sino mediante referéndum, por lo que era ilegítima.
Por ello hubo varias opiniones adversas a esa Carta constitucional, porque era “absolutamente idealista”, reaccionaria, anti nacional y antidemocrática en el sentido económico y político. Sin embargo, esos comentarios se diluyeron, pues el gobierno de entonces, de Evo Morales Ayma, mostró intransigencia ante los pedidos de reforma o cambio de ese documento fundamental, conocido también como la Ley de Leyes.
Al presente, las protestas contra esa Constitución Política se han multiplicado e inclusive algunos de los candidatos a hacerse cargo del gobierno, mediante las elecciones generales del 17 de agosto, se han pronunciado, manifestando que en su gestión (en caso de un triunfo electoral) se vería la posibilidad de dictar una nueva CPE. Inclusive se señaló que esa medida sería para una modificación “total”, aunque otros candidatos no han dicho una palabra al respecto y alguno declaró que la Constitución no será cambiada.
Con relación a este tema, los pedidos de cambio son numerosos y aumenta la presión para que el país sea orientado por una Carta Magna que esté de acuerdo con el determinismo histórico actual del país y no sea una guía con muchas incoherencias. Es decir que con la actual Constitución no se sabe qué es lo que se quiere para Bolivia, hacerla marchar hacia atrás o que en el reloj de la historia nacional las manecillas avancen en sentido contrario a la marcha de la historia universal.
Al presente, hay tres posiciones al respecto. La primera es que la CPE no requiere cambio. La segunda es que solo se necesita alguna “reforma” al documento, y la tercera implica un cambio total de la Constitución de 2009. Pero, para cualquiera de esas opciones lo que se requiere es que exista libertad completa en el país, y ante todo un nuevo régimen gubernamental. No solo es indispensable un nuevo gobierno, sino que no se encuentre atado de pies y manos para gobernar y proponer el cambio de referencia.
La restauración de la Nación democrática boliviana es absolutamente necesaria y por ello se requiere con urgencia una Asamblea Constituyente, pero que tenga la más amplia visión histórica. La finalidad principal de esa Asamblea deberá ser establecer un nuevo orden de cosas y, ante todo, con resultados efectivos y de beneficio para toda la población, sin odiosas discriminaciones.
Para lograr esos objetivos es preciso allanar algunos escollos, como la formación de la Asamblea previa una Constituyente, problema que no es imposible de solucionar Y es que, como dice una frase histórica, “Para bien vale una misa”.
Imperiosa necesidad de nueva Constitución
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