La sociedad boliviana afronta la peor etapa económica en las últimas tres décadas. A mayo de 2025, la inflación acumulada alcanzó el 9,8%; mientras que, en comparación a mayo de 2024, los precios se incrementaron un 18,4%. Las expectativas de crecimiento, realizadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son pesimistas y bordean el 1,1% – 1,2% anual para 2025, anticipando una desaceleración por debajo del 1% para 2026. Se reporta extraoficialmente el cierre de una importante proporción de pequeñas unidades productivas, cuyos efectos directos se manifestarán en el incremento del desempleo y la reducción de los ingresos familiares, contrayendo aún más la demanda por bienes y servicios, que son factores dinamizadores del crecimiento.
Pero la crisis económica es un fenómeno cuyos efectos también repercuten en otros ámbitos del tejido social, siendo la corrupción uno de los más nefastos, pues reduce las inversiones, agrava la pobreza y distorsiona los incentivos productivos. Las prácticas corruptas incentivan actividades de alta rentabilidad, pero bajo valor agregado, debilitan la competitividad empresarial y fomentan la fuga de capitales. El Estado pierde la capacidad para dotar bienes y servicios públicos de calidad y con eficiencia, afectando a los sectores más vulnerables, esto acentúa la desigualdad y erosiona la cohesión social.
La crisis limita la capacidad fiscalizadora del Estado, así entonces, la corrupción puede enraizarse y convertirse a futuro en una traba para la recuperación económica. Boris Podobnik y otros, demostraron que un empeoramiento de una unidad en el Índice de Percepción de Corrupción, está asociada con una reducción anual del PIB per cápita de 1,7% a nivel mundial. Así entonces, las prácticas corruptas socavan la capacidad de las instituciones del Estado para aportar en el crecimiento económico y el desarrollo.
Las crisis económicas, propician el fortalecimiento de las estructuras extractivas –que concentran el poder y benefician a pequeños grupos de influencia, bajo el enfoque de Daron Acemoglu y James Robinson–, debido a la vulnerabilidad institucional y la falta de capacidad fiscalizadora. Así, se reducen controles, se modifican procedimientos y se obstruye la transparencia en la administración de la cosa pública. La experiencia muestra cómo en etapas de crisis, las facultades constitucionales de los poderes del Estado se alteran, pues el Poder Ejecutivo puede acusar facultades discrecionales excepcionales, derivadas de la urgencia para controlar la crisis.
Las crisis incrementan las actividades ilícitas, siendo especialmente graves los efectos que derivan en la conformación de redes criminales, narcotráfico, evasión fiscal, contrabando, extorsión, lavado de dinero, surgimiento de modelos de negocio ilegítimos, además de la explotación desmedida de recursos naturales.
El Estado boliviano se encuentra afrontando actualmente problemas relacionados con el contrabando de alimentos de primera necesidad y combustibles, que tienen el potencial para convertirse en frentes de conflictividad escalables, que de seguro requerirán el destino de importantes recursos financieros, materiales y humanos. Las instituciones del Estado deberían realizar una autoevaluación consciente para medir su capacidad de respuesta frente a estos efectos perversos de la crisis económica, para garantizar que los órganos estatales aporten en la estabilización en el corto plazo, y en la recuperación económica posteriormente.
El autor es Economista.