Hace unos días, el Órgano Electoral publicó la lista final de candidatos habilitados para las elecciones del 17 de agosto. De los 3.290 ciudadanos postulados para ocupar los 334 cargos en disputa (Presidencia, Vicepresidencia, 166 parlamentarios titulares y 166 suplentes), un total de 2.104 —es decir, el 64%— fue inhabilitado por no cumplir los requisitos exigidos. Algunos fueron rechazados por no haber presentado ninguno de los 11 documentos requeridos en el trámite de inscripción.
La cifra supera ampliamente la registrada en las elecciones de 2020, cuando el porcentaje de inhabilitados fue del 38%, y no solo refleja la improvisación y falta de seriedad de muchas agrupaciones políticas y candidatos, sino que pone nuevamente en evidencia la profunda crisis del sistema político boliviano.
Los partidos políticos, carentes de estructura nacional, recursos y renovación dirigencial, han dejado de representar genuinamente a la sociedad. En muchos casos, priorizan agendas propias o de grupos de poder específicos, desconectándose de las necesidades reales de la ciudadanía. Además, funcionan de manera vertical, caudillista y con escasa institucionalidad, y la toma de decisiones suele estar concentrada en liderazgos personalistas, sin mecanismos efectivos de deliberación, elección democrática de dirigencias o rendición de cuentas.
El mayor problema es que los partidos definen la representación política y componen la Asamblea Legislativa, por lo que hay una relación intrínseca entre su condición y la de esta entidad. En las últimas dos décadas, la calidad de la representación parlamentaria se ha deteriorado notablemente, lo que ha precarizado la gobernabilidad, dificultado la construcción de consensos, fomentado el populismo y la demagogia, incrementado la desconfianza ciudadana y exacerbando la polarización.
Basta observar las sesiones del actual Parlamento para notar que este espacio, que debiera ser el foro supremo del debate democrático, se ha transformado en un espectáculo lamentable, marcado por la ignorancia, el insulto, la superficialidad, el irrespeto, los discursos vacíos y la manipulación del voto.
Esta realidad ha conducido a que este Órgano de Poder muestre resultados deprimentes. En los cinco años del actual periodo de gobierno, la Asamblea Legislativa ha sancionado 277 leyes. De ellas, 170 (el 61%) son irrelevantes; 69 se refieren a transferencias de terrenos entre entidades públicas; 51 declaraciones de patrimonio cultural o histórico (entre ellos la Fiesta de Comadres, la danza “Las Ovejitas” o el Quirquincho Andino); y 41 autorizan créditos ya negociados. Apenas 33 leyes podrían considerarse importantes, aunque varias se limitan a ratificar acuerdos internacionales suscritos previamente.
La eliminación de la meritocracia y el cuoteo con organizaciones sociales y aliados circunstanciales, han llevado a que las sucesivas Asambleas Legislativas hayan perdido la iniciativa legislativa y disminuido su capacidad de fiscalización. Pero, además, la composición abigarrada del Parlamento, compuesto mayoritariamente por personas sin orientación política clara, sin ética ni formación técnica, ha provocado una fragmentación acelerada de las brigadas y bancadas. De tres partidos que conformaban la ALP en el inicio de la gestión, se han derivado al menos nueve fracciones, agrupadas por intereses personales, ambiciones o disputas internas.
Los partidos han abandonado sus fundamentos ideológicos. Las distinciones doctrinales se diluyen frente a discursos pragmáticos o populistas, evidenciando una preocupante volatilidad programática. Muchos cambian de postura según la coyuntura electoral, sin propuestas estructuradas de política pública o visión de largo plazo.
La crisis política en Bolivia es un síntoma y a la vez una causa de la fragilidad democrática. Superarla requiere una profunda reforma del sistema de partidos, que promueva su democratización interna, recupere su vínculo con la ciudadanía, fortalezca su base ideológica y profesionalice su acción. Sin partidos sólidos y representativos, no es posible sostener una democracia de calidad ni construir un proyecto de país inclusivo y sostenible.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación De Empresarios Privados de Bolivia.