El último informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) reveló datos que ilustran un agravamiento de la crisis carcelaria en Bolivia: el hacinamiento carcelario llegó al 105%, incrementó la presencia de menores de edad en recintos penitenciarios y, solo entre enero y mayo de este año, se registró 12 muertes violentas al interior de ellos.
En la presentación del informe, efectuada el lunes, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reveló que la población carcelaria en Bolivia aumentó un 46% en cinco años, de 17.305 personas privadas de libertad en 2020 a 32.035 en 2024; asimismo, de ese total, el 58,71% está detenido preventivamente. Por tanto, el hacinamiento carcelario promedio a nivel nacional aumentó a un 105% en 2024.
El Defensor del Pueblo destacó que las celdas de castigo en diez de los recintos visitados tienen “pésima infraestructura”, tras encontrar goteras y baños en mal estado, mientras que las condiciones para dormir no son favorables pues no existe control sobre los plazos de permanencia y la mayoría carece de valoración médica al ingresar a estos espacios.
Callisaya también recalcó otra cifra alarmante relacionado con las muertes violentas dentro de las cárceles bolivianas: el año pasado se registró nueve, pero en solo cinco meses de 2025, ya suman 12 decesos de privados de libertad, cuando aún no se llegó a mitad de año.
Por otra parte, el informe señaló que el Estado solo cumplió con tres de las doce recomendaciones realizadas en el informe de la gestión pasada: elaborar propuestas de mejora del acceso a servicios de salud y prevención de enfermedades a Régimen Penitenciario; capacitar e informar sobre derechos humanos y prevención de la tortura al personal del Ejército; y elaborar una propuesta de contenidos similares en los institutos de formación policial a la Policía.
En tanto, otras tres recomendaciones se cumplieron parcialmente, mientras que seis fueron incumplidas.
MUJERES Y NIÑOS
Callisaya informó que, en 2024, se registró 2.184 mujeres privadas de libertad, de las cuales un 62,4% está en detención preventiva, es decir, reclusas sin sentencia. Asimismo, 165 niñas y niños de cero a seis años estaban viviendo en recintos penitenciarios hasta el año pasado.
Estas cifras muestran un incremento no solo de la población carcelaria femenina —el cual en 2023 llegaba a las 1.871 internas con un 64,4% detenidas preventivamente—, sino también en la población infantil que reside en centros penitenciarios, pues en 2023 había solo 145 menores del mismo rango etario.
TORTURA
Entre otros datos relevantes, el MNP-Bolivia informó que el año pasado se registró 81 casos de tortura o tratos inhumanos, crueles y degradantes en celdas, cárceles y otros recintos destinados a la detención de personas y custodia por parte del Estado.
Del total, el 44% (36 casos) se trató de detenciones abusivas o abuso de poder por parte de la Policía, mientras que el 26% (21 casos) ocurrió en centros penitenciarios por castigo, control o protección al accionar de grupos de poder de internos, autogobierno o represalias.
Un 11% (nueve casos) de malos tratos ocurrió en centros de acogida, donde figuran malos tratos por parte del personal que cuida a la población vulnerable; un 8% (seis casos) fueron abusos o excesos por parte de instructores militares; un 9% (siete casos) fueron amenazas y castigos en centros de formación policial, por parte de los instructores; y un 2% (dos casos) en centros de reintegración social, donde se registró abusos por parte de personal policial y servidores públicos.