El proceso judicial que enfrenta Fernando Cerimedo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que su defensa presentara una acción en la que alega la vulneración de los derechos del ciudadano argentino, investigado por tentativa de feminicidio y por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
La abogada Adriana Pedraza informó que la representación legal solicitó al organismo internacional medidas cautelares destinadas a proteger la vida y la integridad de Cerimedo. La petición también incorpora cuestionamientos al debido proceso que, según la defensa, se estarían produciendo durante las actuaciones judiciales.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación entre los abogados es el eventual traslado de Cerimedo desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, hasta Chonchocoro, en La Paz. Pedraza aseguró que la defensa no fue notificada con una resolución que disponga esa medida y sostuvo que tampoco conoce formalmente la existencia de una orden de traslado.
La jurista remarcó que cualquier determinación de esa naturaleza debería ser comunicada a los abogados de Cerimedo. Ante la ausencia de una notificación, expresó su temor de que el cambio de recinto penitenciario pueda concretarse sin que la defensa tenga conocimiento previo.
La defensa vinculó estos hechos con la falta de confianza que, según Pedraza, existe hacia la administración de justicia boliviana. La abogada sostuvo que esta situación incrementa la preocupación de la representación legal ante cualquier decisión relacionada con la situación penitenciaria de su cliente.
Otro de los argumentos expuestos ante el organismo internacional está relacionado con el estado de salud de Cerimedo. Su defensa afirmó que atraviesa una situación delicada y recordó que este aspecto ya fue planteado dentro de una acción de libertad.
Según Pedraza, durante la noche del jueves los abogados tampoco pudieron ingresar al centro penitenciario para atender asuntos relacionados con su defendido. La representación legal considera que esta situación puede afectar tanto el seguimiento de su estado de salud como el ejercicio de su derecho a la defensa.
La abogada señaló que la denuncia fue acompañada con elementos que, a criterio de la defensa, respaldan los cuestionamientos planteados y que ahora esperan que la CIDH evalúe el caso y determine si corresponde adoptar las medidas solicitadas. (Con información de Unitel)