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La empresa privada

Severo Cruz Selaez

Ningún político se ha comprometido, en esta coyuntura electoral, a rodear de garantías, en el supuesto que llegara al Poder, a quienes mueven la economía, en tiempos adversos, que significan retroceso económico. A quienes generan empleo y atraen dólares. Que fueron golpeados no solo por la pandemia, sino por la tozudez de los gobiernos de turno. Controlados no solo por los protocolos covid-19, sino por las restricciones gubernamentales. Encerrados no solo por la cuarentena, sino por el veto a las exportaciones.
Sus gratuitos detractores o eternos enemigos destilan hiel y odio. Alientan la lucha de clases. Creen que son los redentores de la humanidad. Que dizque construirán un “mundo mejor”, posiblemente con una costosa canasta familiar. Con medicamentos que son inalcanzables para las personas necesitadas y con un pan de batalla que subió de precio.
La empresa privada y el socialismo son posturas antagónicas desde tiempos remotos. La primera corresponde a una iniciativa personal y el segundo promueve el colectivismo. No coinciden, por consiguiente, en acciones ni ideológicamente. Es difícil, por lo visto, que la primera sobreviva, en un país donde se impone el segundo. Siempre estuvo en vilo, bajo un régimen de tendencia izquierdista, socialista o estatista. No solo acá, sino, en otros países, como en aquellos donde se impone la dictadura marxista leninista, transgresora de la iniciativa privada, que se ha perpetuado en el Poder, a costa de la escasez de alimentos, que afectó a su población. Y la conculcación de las libertades.
Sus posibilidades de crear empleo, de aumentar la producción y atraer dólares, mediante la exportación, fueron restringidas, con intencionalidades político ideológicas, de quienes detentaron el Poder. Probablemente con el asesoramiento externo afín a ellos. Privados que trabajan ahora con un dólar paralelo que supera los 15 bolivianos. Exigen, por lo tanto, la liberación total de las exportaciones, de ciertos productos de consumo, que generan dólares para el erario nacional. “El fortalecimiento de la inversión privada”, ha sugerido, mediante un documento, la Iglesia Católica.
Nadie se animará a invertir en Bolivia, porque no se respeta la seguridad jurídica, a favor de quienes arriesgan sus capitales, pensando en un futuro mejor. Los avasallamiento, toma de propiedades, restricciones e intimidaciones a la actividad privada, vistos en reiteradas ocasiones, atentaron contra de ese sector. La suspicacia ha ahuyentado a la inversión nacional y foránea. Pero se necesita de mayor inversión.
La excesiva intervención del Estado en la economía nacional ha conspirado en contra sus históricos objetivos. La creación de empresas públicas, algunas deficitarias, según señalan entendidos, es un serio obstáculo para proyecciones de crecimiento privado. Además, significaron una sangría de recursos fiscales. La empresa privada requiere garantías para desenvolverse libremente y ofrecer empleo formal. Para contribuir con tributos y aranceles al Estado. Para producir, exportar y atraer dólares. Actualmente sobrevive sobre ascuas, lo que impide su normal desarrollo.
En suma: compartimos la inquietud de la Iglesia Católica, de fortalecer la inversión privada, en busca de un mundo mejor.

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