Un problema sin solución y que se agrava en los últimos años tiene que ver con accidentes de tránsito, tanto en calles como en caminos que conectan a los departamentos del país. Sin duda, varios son los factores que provocan el aumento alarmante de choques de motorizados, embarrancamientos y hasta incendios por utilización de combustible no autorizado.
En las calles de las principales urbes se observa, inicialmente, un crecimiento desproporcionado del parque automotor, por la aparición de los vehículos llamados “chutos”, es decir de segunda mano, los cuales por su ingreso irregular y costo menor han proliferado sin medida. Es que el gobierno populista del MAS, desde el año 2006, ha autorizado varias veces la legalización de autos “chutos”, como demagógica medida para “favorecer” a los más pobres.
Como resultado, los embotellamientos de motorizados no faltan en las ciudades, además que vehículos han sido acondicionados a la fuerza para llevar a mayor cantidad de pasajeros, sin que importe a conductores del transporte público las incomodidades que ocasionan. Además, en tal servicio, que es pagado por los usuarios, no faltan taxis, buses y minibuses vetustos, que por fallas mecánicas pueden quedarse a medio camino.
También es necesario mencionar que algunos vehículos han sido modificados para funcionar con gas, por lo que no es raro hallar grandes garrafas debajo de asientos de pasajeros, en buses. Pero por falta de control no faltan motorizados que hacen uso de garrafas de gas doméstico, lo que es muy peligroso.
Por este descuido de organismos de control, se producen graves accidentes, como ocurrió hace poco en la localidad minera de Uncía, en la carretera Jaime Mendoza, donde un bus que llevaba estudiantes menores se incendió por la explosión de garrafa de gas doméstico, con el que funcionaba dicho motorizado. Se sabe que cinco adolescentes murieron quemados y ocho fueron llevados a centros médicos para ser curados de sus heridas.
De ninguna manera se debería esperar que sucedan semejantes siniestros que enlutan a familias, para asumir medidas a fin de garantizar que el servicio de transporte sea realizado con las mejores condiciones posibles, es decir, después de una revisión adecuada de cada motorizado, de los antecedentes de los conductores, del estado de las vías, etc.
Lamentablemente, las autoridades locales o nacionales no han mostrado verdadero interés por resolver esos y otros problemas relacionados con el servicio de transporte y menos los conductores, que se limitan a velar por su economía y no por ofrecer un servicio óptimo a usuarios que pagan por ello. Esperemos que la anunciada reunión “cumbre del transporte”, que se efectuará el 30 de mayo, sirva realmente para que autoridades, choferes y otras entidades, encuentren formas de encarar el deficiente servicio de transporte público.
Frecuentes accidentes en carreteras del país
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