sábado, diciembre 7, 2024
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Predicar con el ejemplo

Cuando la crisis económica es innegable, debido a que la producción de gas “ha tocado fondo”, como lo reconoció, con exasperante tardanza, el propio presidente Luis Arce, finalmente ha llegado la época de las vacas flacas. Atrás quedó la euforia populista que desde 2006, con los gobiernos masistas, había originado declaraciones demagógicas, creyendo que la bonanza sería permanente.
Pero cuando faltan la previsión y la capacidad para gobernar, cuando no se ahorra para el futuro y no se asume medidas para no depender de una sola fuente de ingresos económicos, como la venta de gas al Brasil y la Argentina, aparecen numerosos problemas, más si una enorme cantidad de dinero ha sido dilapidado.
Por esa obnubilación con una prosperidad sin igual, no se hizo caso a recomendaciones para que impere la prudencia en el manejo de la economía nacional. Hoy, cuando la población soporta graves problemas, como la falta de dólares, la insuficiente provisión de combustibles y el alza de precios de productos básicos, desde el oficialismo se asume medidas que son como parches para tapar enormes agujeros en la economía nacional.
Ahora con la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, se pretende dejar desde el próximo año sin Renta Dignidad a varios sectores de adultos mayores, como accionistas, socios de empresas, directores, jubilados con ingresos complementarios y militares, que reciben el cien por ciento de sus ingresos. Asimismo, se ha señalado que los jubilados que siguen trabajando también quedarían sin ese beneficio, sin considerar que hoy muchas empresas formales están en una crítica situación, por lo que los haberes no están garantizados o tienen meses de atraso. Pero el motivo principal para que muchos mayores no se jubilen es que las rentas son bajas, problema que no ha sido atendido por las autoridades nacionales.
Lo peor es que la Renta Dignidad, establecida en 2008, fue establecida con carácter universal y es un derecho adquirido, pues ha sido pagado desde entonces. Pero parece que para el oficialismo estas características solo son respetadas cuando se trata de favorecer a sindicatos afines al MAS. Ahora se pide solidaridad para contar con recursos que serían dirigidos a los más desfavorecidos. No obstante, no se adopta un verdadero plan de austeridad, que implique, por ejemplo, reducir los jugosos emolumentos de autoridades nacionales, de legisladores, que además cuentan con otros beneficios. Así como reducir la cantidad de empresas estatales deficitarias y la abundante propaganda oficialista sobre obras con destino incierto, etc. Por ello parece que el gobierno de turno no quiere predicar con el ejemplo y tiende a echar la culpa a otros por la crisis que agobia a millones de bolivianos.

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