Advirtiendo sobre la posibilidad de que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) haya monetizado las reservas de oro para paliar la crisis económica, el jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, cuestionó que autoridades rehúyan la fiscalización parlamentaria que solamente quiere verificar la cantidad del oro físico que se encuentra en las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB).
El legislador cruceño sostuvo que estas teorías surgen a causa de la negativa del gobierno para permitir que miembros del primer Órgano del Estado cumplan con su función de fiscalización y puedan comprobar la existencia física de los lingotes de oro almacenados en las bóvedas de esa entidad bancaria.
Montero señaló además que si autoridades desean descartar estas especulaciones, la única forma es permitir que asambleístas nacionales procedan con la verificación requerida.
“El gobierno de Luis Arce en dos oportunidades nos rechazó y obstruyó nuestra tarea de fiscalización que solamente pretendemos verificar las reservas del oro físico en el BCB, por eso advertimos que posiblemente la administración del MAS vendió los lingotes y ahora se encuentran en una disputa interna por aprobar la Ley del Oro para probablemente regularizar sus actos. Si lo que estoy advirtiendo no es cierto, entonces que nos dejen fiscalizar la existencia de los lingotes e informar al pueblo boliviano”, sostuvo el parlamentario.
Recordó que en octubre del pasado año y recientemente, se rehusó a la fiscalización solicitada por los senadores Claudia Egüez, Julio Romaña, Centa Rek y su persona, alegando el artículo 142, del Reglamento de la Cámara de Senadores, que solamente refiere a las peticiones de informes escritos, cuando la Constitución Política del Estado, en el numeral 8, del artículo 158, faculta a los parlamentarios a fiscalizar los recursos de los bolivianos.
En septiembre de 2022, desde el BCB se remitió una nota al titular al Ministerio de Economía en la que se pide comunicar a la presidencia de la Asamblea Legislativa, que la solicitud de asambleístas de oposición deberá realizarse a través de los canales de comunicación establecidos entre los órganos del Estado y en el marco de los Reglamentos de las Cámaras de Senadores y de Diputados, y de acuerdo a la Ley 1670 del BCB.
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