Ante recurrentes denuncias relacionadas con la presencia de actividad minera ilegal en diferentes puntos del país, principalmente en el departamento de Santa Cruz, donde recientemente se reportó la retención de funcionarios públicos que realizaban inspecciones en el lugar, la diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Helen Patiño, anunció operativos de control y fiscalización parlamentaria.
En criterio de Patiño, es reprochable que personas cuya actividad es altamente dañina para el medio ambiente y la salud de la población, además incurran en actos de violencia y vulneración de derechos, situación que debe ser investigada y sancionada con el mayor rigor.
“Nadie en el territorio boliviano debe ser secuestrado, nadie en el territorio boliviano debe ser vulnerado en sus derechos por gente inescrupulosa”, sostuvo la legisladora representante del departamento de Santa Cruz.
En esa línea, anunció que desde el Parlamento, se activarán todos los mecanismos que sean necesarios para hacer seguimiento a las denuncias de secuestro y vulneración de derechos contra funcionarios que realizaban una inspección en áreas protegidas de la provincia Guarayos.
“Como comisión amazónica, estamos alertados, porque vamos a hacer verificaciones y fiscalizaciones in situ, porque tenemos que ponerle un alto a la contaminación minera, tenemos que ponerle un alto a las cosas ilícitas, a las situaciones ilícitas”, declaró Patiño.
Finalmente, la legisladora instó al Ministerio de Gobierno, al Ministerio Público, a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a intervenir las actividades ilícitas denunciadas y reforzar las acciones de control en las zonas afectadas.
El jueves, la Gobernación de Santa Cruz denunció que un total de 11 personas, entre funcionarios de esta instancia, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y de la Policía Boliviana, fueron secuestrados por desconocidos cuando realizaban la inspección en la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Río Blanco y Negro.
“Estaban realizando inspecciones de una UCPN, para verificar el estado del medio ambiente, dos funcionarios de la Gobernación, 8 funcionarios de la ABT, un funcionario policial, en total 11 personas, fueron secuestradas y se desconoce el paradero exacto”, informó Jorge Santistevan, secretario de Seguridad de la gobernación cruceña.
Tras la liberación de los funcionarios, la vicegobernadora Paola Aguirre, detalló que dicho personal fue emboscado y retenido tras hacer un operativo, lo que indica posibles intereses vinculados a explotación ilegal de oro.
Mediante control y fiscalización
Prometen hacer seguimiento a denuncias de minería ilegal
> Desde el Parlamento, se activarán todos los mecanismos necesarios para hacer seguimiento a denuncias relacionadas con la actividad minera ilegal.
- Advertisment -
