Plantean crear comisión ciudadana para elegir autoridades judiciales

La Bancada de Creemos presentó el proyecto de “Ley que Crea la Comisión Ciudadana para la Independencia de la Justicia, Elección de Autoridades Judiciales y del Tribunal Constitucional”, una propuesta para la institucionalidad e independencia del sistema judicial que debe ser analizada en la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa.
El proyecto normativo tiene 15 artículos y dos disposiciones modificatorias que “tiene por objeto constituir un órgano Judicial y Tribunal Constitucional con magistradas, magistrados, consejeras y consejeros independientes e imparciales, a través de la creación y conformación de una Comisión Ciudadana, en el marco de la Democracia Directa y participativa que establece la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad”.
La Alianza Creemos propone la creación Comisión Ciudadana de Preselección Judicial compuesta por personalidades del sistema universitario nacional, parlamentarios de las bancadas de mayoría y minoría, representantes de periodistas, comités cívicos departamentales, empresarios y colegio nacional de abogados, quienes debe elaborar el reglamento y evaluar a los postulantes en base a la meritocracia, la independencia y profesionalismo.
La propuesta tiene el fin de “garantizar un proceso de evaluación y preselección independiente, transparente y con participación ciudadana de los postulantes a candidatos para las elecciones de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional de Bolivia” basado en la meritocracia, según el proyecto normativo.
Al respecto, senadores de Creemos cuestionaron que la mayoría del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa, durante las elecciones judiciales del 2011 y 2017, hayan patrocinado y preseleccionado a candidatos alineados al gobierno de turno, mediante voto corporativo, quienes se convirtieron en magistrados serviles que incluso violaron la Constitución Política del Estado para avalar la reelección de Evo Morales, perseguir a periodistas, activistas, cívicos y hasta políticos de la oposición, pero dejando en impunidad a los militantes del partido azul.