La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la Acción de Protección a la Privacidad en favor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y cita al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y otros a una audiencia presencial a las 8:30 horas del 24 de enero de 2023.
“Vistos: Se Admite la Acción de Protección de Privacidad presentada por Luis Fernando Camacho Vaca contra Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, en su condición de ministro del Ministerio de Gobierno; Napoleón Espejo Candia, en su condición de gobernador del penal de máxima seguridad San Pedro de Chonchocoro; Juan Carlos Limpias, en su condición de director general del Centro de Régimen Penitenciario y funcionario dependiente del Régimen Penitenciario que tomó fotografías”, se lee en el memorial de la Sala Constitucional.
Los abogados que patrocinan al gobernador electo de Santa Cruz, presentaron el recurso la semana pasada porque desde el Ministerio de Gobierno se difundieron imágenes de su cliente en una celda del penal de Chonchocoro del municipio de Viacha, sin su consentimiento, extremo que consideran su derecho a la privacidad.
Desde el año pasado Del Castillo ha sido criticado por presentar a sospechosos de delitos ante los medios de comunicación, incluso sin antes haber sido cautelados.
En la oportunidad Del Castillo aseguró que llegaba a ese extremo por “transparencia con la población boliviana” y que esto sirve para que otras posibles víctimas reconozcan a los sospechosos.
Al respecto, en una anterior entrevista, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que un requisito para esa comparecencia ante los medios es que se tenga una “declaración firmada” por el abogado patrocinador que autorice la presentación pública del sospechoso.
Por su parte, el embajador boliviano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, que fue titular de la cartera de Justicia durante la Administración de Morales, también se pronunció en contra de esta práctica y aseguró que “solo en casos extremos se puede presentar a una persona”.
Las normas bolivianas establecen garantías para un debido proceso y la presunción de inocencia o el derecho a la defensa de los acusados de un delito.