Después que la audiencia de juicio oral contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fue suspendida ayer, el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, reprogramó el acto jurídico para las 9.30 horas de hoy. Los jóvenes son acusados por presuntos destrozos a la Fiscalía General del Estado, en 2020.
La audiencia fue suspendida ayer porque una de las acusadas se presentó sin su abogado patrocinador, por lo que el juez, Emilio Pinto, dispuso que un funcionario de defensa pública asuma el patrocinio,
Las partes mostraron su satisfacción con la decisión y descartó «actos dilatorios» en el proceso que administra, donde se procesa a los involucrados por deterioros al ornato público, indica Correo de Sur.
Los cuatro acusados deben ir a juicio por los delitos de organización criminal con fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, atentados contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado.
En marzo de 2021, Yassir Molina fue el primer aprehendido por este caso en Cochabamba y luego trasladado a la ciudad de Sucre, desde entonces guarda detención preventiva. El 7 de noviembre de 2022, Molina, a través de su abogado, Jhasmani Torrico, presentó un pedido a la Fiscalía, en la que solicitó someterse a juicio abreviado a cambio de revelar los nombres de los supuestos autores intelectuales de los hechos de 2019 y 2020.
El 8 de noviembre, la justicia hizo conocer su rechazo a ese pedido y desde entonces se aguardaba el inicio del juicio oral que se iniciará hoy.
El Ministerio Público comunicó que pedirán 20 años de presidio para los cuatro responsables de los destrozos y presentaron la acusación formal con esa perspectiva.
ESTIGMATIZACIÓN
En abril de 2022, miembros de la RJC denunciaron el rechazo al pedido que hizo uno de sus miembros, en detención preventiva, para que los medios de comunicación ingresen al principal recinto penitenciario de Chuquisaca y así poder evidenciar las condiciones de los privados de libertad.
El 14 de febrero de 2022, Mario Bascopé presentó al director departamental de Régimen Penitenciario, Sergio Flores, una solicitud de autorización de ingreso de medios de comunicación al Pabellón Población de la cárcel de San Roque, para verificar la huelga de hambre que inició el día 11.
La respuesta al interno fue negativa porque, según Régimen Penitenciario, «él mismo se considera preso político» y por ello está prohibido a acceder a medios de comunicación para hacer cualquier forma de «proselitismo».
Bascopé fue detenido en julio de 2021 bajo cargos de presunta organización criminal, deterioro de los bienes del Estado y tenencia ilegal de armas, por las protestas y pedidos de renuncia contra el fiscal general Juan Lanchipa un año antes en Sucre. De forma paralela se activó otro proceso, en el que se implicó al joven cochabambino con un caso de tráfico de sustancias controladas que derivó en una sentencia de 10 años.
De ese caso, su defensa argumenta que fue otra persona quien fue encontrada en posesión de sustancias controladas, pero se incriminó a Bascopé, quien ya estuvo detenido en el penal de Palmasola por esa investigación.
En tanto, las campañas de desinformación y desprestigio hacia la RJC continuaron desde redes como la Andean Information Network (AIN), un portal web de una ONG norteamericana aliada al MAS, con sede en Cochabamba y que coordina contenidos en inglés y español con la emisora del trópico Kausachum Coca.
«No se olviden que los grupos ilegales paramilitares, la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista trabajaron juntos en coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas durante el golpe de Estado en Bolivia. Aún no han sido desarticulados», citaba un tuit de ese portal.
Por su parte, la activista Milena Soto, quien también está acusada en este caso, recurrió a las redes sociales para deplorar la situación del país y las recientes acusaciones de narcotráfico dentro del Gobierno y el MAS, incluido Evo Morales, que señaló a oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) como encubridores de ese ilícito.
«Quien sabe si después de esto, de decirles sus verdades, capaz me inicien otro proceso, pero no importa, porque ya estamos hasta acá (señala la frente) de ver tanta porquería que pasa en nuestro país», señaló mediante una trasmisión de Facebook.
La joven cochabambina también identificó a la ONG de Estados Unidos AIN como parte del montaje que se realizó en contra de ellos, con falsas narrativas que incluso llegaron a ser tomadas en cuenta por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) que catalogó a la resistencia cochala como un «grupo irregular» e incluso «terrorista». Esa situación, acotó, la coloca a ella y a los otros miembros de la RJC en un estado de estigmatización a nivel internacional. «El GIEI nos hace un daño irreparable», concluyó. (EL DIARIO y Visor21)