El fiscal general, Juan Lanchipa, informó ayer que las denuncias contra el gobernador, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, y del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, por el paro indefinido de 36 días en Santa Cruz, fueron unificadas y se investigarán en la ciudad de La Paz.
“Todas las denuncias han sido acumuladas por conexitud de hechos se ha dispuesto la acumulación en uno solo que está radicado en la Fiscalía departamental de La Paz”, dijo Lanchipa.
El Comité Interinstitucional de Santa Cruz impulsó un paro indefinido el 22 de octubre de 2022, misma que se extendió por 36 días, en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023.
Según el Gobierno, la pérdida económica fue por millones de bolivianos durante el paro indefinido e indicaron que los tres líderes políticos deber ser procesados y deben responder ante la justicia.
El Fiscal General explicó que la comisión de fiscales analizará para cuándo serán citados a declarar los acusados.
Una de las denuncias contra los cívicos fue interpuesta por el denominado Comité Impulsor de Justicia, conformado por afines al partido de Gobierno, por los presuntos delitos de discriminación, racismo, organización criminal y atentado contra altas autoridades del Estado.
Otra denuncia fue de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto por hechos como violencia, racismo, discriminación, saqueos y quema de la sede de los campesinos.
La tercera denuncia fue presentada por Edgar Salazar, una persona afín al Gobierno que dice ser el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.