El fiscal general, Juan Lanchipa, aseguró ayer que se admitieron tres procesos penales contra el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, el gobernador de la capital cruceña, Luis Fernando Camacho, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, por el paro de 36 días en Santa Cruz.
Son varias las denuncias que se han presentado, tanto en la Fiscalía de Santa Cruz como en la Fiscalía de La Paz, no podemos dar en este momento un número exacto (…), tenemos tres denuncias admitidas por varios delitos”, dijo Lanchipa.
El 22 de octubre pasado, los cruceños iniciaron un paro indefinido exigiendo que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realice el 2023 para contar con información oficial en 2025 para que se aplique la redistribución de escaños parlamentarios en las próximas elecciones nacionales.
Después de 36 días de paro indefinido, la medida fue levantada porque la Cámara de Diputados aprobó una ley que garantizaba la aplicación de datos oficiales del censo en septiembre de 2024 para la redistribución de recursos económicos y la nueva reasignación de representación parlamentaria con miras a los comicios nacionales.
De acuerdo a información anterior, la primera denuncia penal en La Paz la hizo el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la ley, atentados contra el presidente Luis Arce y otros.
Asimismo la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) también denunció a Camacho, Calvo y Cuéllar, por el incendio de su sede regional en la capital cruceña, el 11 de noviembre pasado.
El ciudadano Aldo Michel afirmó que presentará una denuncia contra los promotores del paro cívico en Santa Cruz, por atentar contra la seguridad, economía e incluso hasta la vida de las familias cruceñas.
Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo que el recojo de escombros y basura que “dejaron los afines a Camacho y Calvo” en carreteras de la Red Vial Fundamental, les significó un gasto de más de 49.000 bolivianos, por lo que adelantó una denuncia por la vía penal.