Dilaciones al informe de la CIDH

No es raro que revivan los hechos pasados y puedan causar consecuencias que se creía estaban enterradas y, entre ellas, repercusiones políticas, aunque, por ahora, planteen solamente interrogantes y provoquen especulaciones. Los interrogantes pueden aclararse y tornarse irreversibles. En principio podrán desarrollarse ralentizadas o acelerar su desenlace. Todo este complejo se le presenta al país por lo sucedido en el hotel Las Américas en 2009, en Santa Cruz, donde murieron a bala tres extranjeros, por supuestos trajines terroristas y separatistas y otros fueron apresados. Estas muertes y sus circunstancias han sido desempolvadas por el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe se filtró desde una esfera oficial, con cargo principal en la Procuraduría General del Estado, aunque su titular, Wilfredo Chávez, lo negó rotundamente.
El documento contiene cuatro puntos, empezando por el resarcimiento económico del Estado a los sobrevivientes del hotel Las Américas y a las víctimas colaterales. Un segundo condicionamiento es la asistencia médica y psicológica por el ente. En tercer lugar, que los organismos respectivos asuman una investigación profunda que podría concluir en la sanción de los gobernantes concernidos de entonces y los jefes policiales y sus inmediatos que ejecutaron las muertes extrajudiciales.
A continuación de lo revelado, el gobierno del Estado Plurinacional lo declaró confidencial y reservado, absteniéndose de dar criterios oficiales, lo que le permite ganar tiempo. El Informe de la CIDH ha dado pie a la oposición para acusar al propio ex presidente Evo Morales de instruir el hecho, al ex vicepresidente Álvaro García, a los ministros comprometidos y a los ejecutores policiales presuntamente de “élite”.
Para la dirigencia del MAS, y algunos de sus diputados y senadores la revelación no es vinculante, pero exigen una reapertura del proceso penal que, dicen, fue archivado en el gobierno transitorio y sindican a Arturo Murillo, Ministro de Gobierno, por desistir de la acción. Sin embargo, también desistieron los fiscales encargados, a la cabeza de Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado, autoridad de antigua filiación oficialista, sin haberse separado del cargo en el gobierno transitorio. Prueba de la sumisión de ese organismo a los regímenes de turno. Para el gobierno no es difícil reabrir el proceso, teniendo a su disposición todo el aparato judicial y llegar a la “verdad” que más le convenga. Los detenidos por 10 años retornarían a prisión como culpables de terrorismo, separatismo o financiación del movimiento. En cambio, los gobernantes del año 2009 y siguientes, saldrán libres de pena y culpa. Borrón a las ejecuciones del hotel cruceño.
Entre unas y otras, si el gobierno se cruza de brazos y no atiende las condiciones de la CIDH, el caso puede pasar a conocimiento de la Corte Interamericana de Justicia con todas las penalidades previsibles. El principal escollo de la no descartable reelección de Luis Arce en 2025, es a no dudar Evo Morales, el mandatario tiene en sus manos deshacerse de éste mediante la vía judicial.