El presidente Rodrigo Paz Pereira, durante su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 24 de septiembre, se refirió a varios temas, como nuestra situación económica, la defensa de la democracia y la apertura de Bolivia al capital externo. En esa ocasión también denunció que nuestro país es víctima de una ola narcoterrorista que podría alcanzar dimensiones extraordinarias. La versión presidencial estremeció a delegados de las naciones que forman la Asamblea de Naciones Unidas, de la cual Bolivia forma parte, y ha sobrecogido a la opinión pública boliviana, ya alarmada por una crisis económica y política prolongada.
No solo eso, sino que hace poco ha hecho conocer que altos funcionarios de la administración de justicia fueron destituidos de sus cargos, por ser presuntos protagonistas de hechos irregulares, respaldados por grandes cantidades de dinero y otros instrumentos aportados por el narcotráfico que opera en Bolivia. En todo caso, hace decenios aumentan los cultivos de coca, así como la producción de cocaína y derivados.
Es más, esa fuerza económica ilegal llegó a contaminar el poder político del Estado, más en los pasados veinte años, cuando gobiernos populistas aplicaron la ideología socialista, con efectos catastróficos, uno de los cuales sería el narcoterrorismo denunciado por el presidente Paz. Al respecto, cada vez son más frecuentes, por ejemplo, los ajustes de cuentas entre involucrados en narcotráfico, es decir personas baleadas por sicarios. Tales hechos proliferan particularmente en regiones del oriente del país.
En fin, la versión presidencial se confirma con los hechos denunciados, como que el narcoterrorismo es autor, desde las sombras, de una conspiración para desestabilizar al gobierno actual, mediante las acostumbradas medidas de presión, como violentas marchas de protesta y extremos bloqueos de caminos, como el ocurrido por 53 días entre mayo y junio. Entonces, por esos bloqueos el país perdió una enorme cantidad de dinero, resultando afectados, entre otros, sectores productivos.
Y es que después de que el narcotraficante Marset fuera apresado en Bolivia y luego extraditado a Estados Unidos, habría aportado referencias sobre varios de sus cómplices en su paso por nuestro país. Enseguida, se denunció que altos funcionarios de la magistratura nacional eran parte de un mecanismo que facilitaba las operaciones del narcotráfico, por lo que EEUU hizo conocer una lista de a quiénes de ellos se les suspendía sus visas para ingresar a la potencia del norte.
Resulta, pues urgente acelerar las investigaciones para acabar con la intromisión del narcoterrorismo en organismos del Estado, ya que es un mal que causa terror en la población boliviana.