Guardaparques se encuentran replegados

La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, denunció que guardaparques que desempeñan funciones en territorio del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, se encuentran replegados ante la falta de pago en sus salarios.
Salazar señaló que por la determinación asumida a causa de la falta de pago, estas personas son víctimas de amedrentamientos y amenazas para que retornen a sus fuentes laborales.
“Hace ocho días que están los guardaparques replegados en su campamento y hasta ahora el ministerio no ha tenido respuesta a sus demandas, por el contrario, se les ha mandado una carta donde se los amenaza”, dijo.
Puntualizó que en las notas enviadas a los movilizados se anuncian procesos, sin tomar en cuenta que la medida del repliegue fue asumida ante una situación extrema, en la que ya no pueden solventar su transporte, además de otros gastos y obligaciones.
“En estas notas se les dice que son pasibles a procesos por abandonar su fuente laboral, sin embargo, ellos se han replegado porque ya era una situación insostenible ya que ellos se movilizaban con sus propios recursos”, afirmó la legisladora.
Salazar lamentó el estado de abandono en el que se encuentran instalaciones destinadas al albergue de los guardaparques y museos en esta reserva natural, cuestionando la atención que se le da a otras edificaciones “inservibles” como el museo dedicado al expresidente Evo Morales.
Desde las redes sociales, la senadora Cecilia Requena, destacó el trabajo realizado por estas personas pese a las carencias, “trabajando desde donde les toca para seguir dando batalla en la defensa de la naturaleza y la búsqueda de alternativas para un futuro sostenible para el país y el mundo”.
Requena manifestó que en Bolivia, el guardaparque cumple con su sacrificado y vital deber, pese a múltiples adversidades y desafíos adicionales.
“Muchas áreas protegidas no cuentan con suficiente gente para cubrir grandes extensiones de territorio. Su labor es constante y diaria. Cumplen su deber lejos de sus familias y corriendo grandes riesgos en condiciones muy precarias. Además, sufren amenazas de despidos o de relocalización, sólo por cumplir con su responsabilidad de denunciar actividades depredadoras”, indicó.
Sostuvo que estas malas condiciones son fruto de la incompetencia, la corrupción o incluso el interés de instituciones como el Sernap en desmontar el cuidado de las áreas protegidas para entregarlas a la explotación minera (legal o ilegal), la deforestación, las quemas y la apertura de caminos para la exploración de hidrocarburos, entre otras.