sábado, abril 20, 2024
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Carta sobre contribuciones de un narco a campañas electorales del MAS

La ley N° 1.096 de Organizaciones Política establece en el Art. 58, inciso k) “Comprobada vulneración a las restricciones planteadas en la presente Ley referidas al financiamiento, al fortalecimiento público y mecanismos de rendición de cuentas”. En el Art. 71.I. “Las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, directa o indirectamente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o poyos que provengan de manera probada de las siguientes fuentes: g) Otras de origen Ilícito”. Según el Art. 72, “El Órgano Electoral actuará de oficio en caso de que su labor de fiscalización detectase indicios o pruebas de que una organización política ha recibido recursos de las fuentes señaladas en el parágrafo I del Artículo precedente. Al efecto el Tribunal Supremo Electoral establecerá el procedimiento en reglamento”.
Es prueba contundente la carta que el diputado masista Rolando Cuellar exhibió públicamente, en la que se lee que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, recibió de parte de José Miguel Farfán, narcotraficante conocido, grandes contribuciones económicas, desde 2014, para las campañas electorales. Por tanto, se presume que es ilícito.
Farfán, argentino conocido como el “Chapo del Sur”, fue condenado por primera vez a 5 años de prisión en 1999. Escapó en salida transitoria, siendo detenido en 2007 y excarcelado de manera irregular. En 2013 fue hallado con 411 kilos de cocaína, liberado por jueces acusados de recibir sobornos de Farfán. Finalmente, vivía en Santa Cruz aparentando ser un empresario agricultor y ligado a inversiones inmobiliarias, invirtió 2 millones de dólares en un condominio y desde Bolivia traficaba cocaína hasta su país. Fue declarado prófugo de la justicia argentina en 2015. Se ofreció una recompensa de 500.000 pesos para que la población aporte datos concretos para su captura. El “Chapo del Cono Sur”, buscado por Interpol desde 2015, era uno de los “narcos” más buscados por la justicia argentina.
Finalmente fue detenido en febrero de 2019 en la avenida Cristo Redentor en Santa Cruz, tenía documento que lo identificaba como Miguel Ángel Salazar Yavi. Farfán fue extraditado a su país, donde lo condenaron a 15 años de cárcel, acusado de tráfico internacional de drogas. Se le ha atribuido múltiples identidades y como Miguel Ángel Salazar Yavi era conocido en Bolivia, acostumbrado a una vida de lujos y comodidades desde que estuvo ligado a actividades ilícitas como el tráfico de drogas.
En 2020 Carmen Eva Gonzales interpuso una demanda de Acción de Cumplimiento –a la cual nos adscribimos– ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en contra los vocales electorales para que se aplique la Ley del Régimen Electoral y se cancele la personería jurídica del MAS porque Luis Arce, candidato a la presidencia, presentó encuestas en pleno proceso electoral. Ante ello el MAS presentó dos recursos de Acción Concreta y Abstracta de Constitucionalidad en contra del Art. 136.III de la Ley del Régimen Electoral, que establece que las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica. El Tribunal Constitucional rechazó una de las dos demandas del MAS y dejó en suspenso el proceso. Se comprueba la subordinación al gobierno del MAS.
Por tanto, las elecciones desde 2014 que ganó el MAS fueron con dinero del narcotráfico, con ventaja fraudulenta, conducta antimoral, antilegal, antidemocrática, lo que debe ser investigado por el Tribunal Supremo Electoral. Se debe establecer los efectos que ha tenido ese dinero sucio y ensangrentado en los resultados electorales. Como servidores públicos, los vocales deben comunicar al soberano los resultados y, como manda la Ley en el Art. 136, sancionar con la PÉRDIDA de la personería jurídica del MAS, de oficio por faltas graves, para recuperar la credibilidad.

La autora es Abogada-Economista, ex Asambleísta Constituyente.

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