La determinación del juez del municipio de Ascención de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, de liberar a los detenidos por el ataque armado y tortura a periodistas, policías y trabajadores agrícolas en Las Londras (Santa Cruz) puso en la mira la labor del administrador de justicia.
La abogada Raquel Guerrero solicitó ayer la intervención del Consejo de la Magistratura para que realice una auditoría jurídica al caso llamado Las Londras.
«Las resoluciones del juez Cruz están fuera de lugar y llama la atención el favorecimiento a los imputados pese a que cuentan con antecedentes penales» lamentó la jurista.
La pasada semana, el administrador de justicia liberó de la cárcel a Paulino Camacho y el lunes benefició con la misma medida a Sixto Canaza.
El relato de las víctimas del grupo irregular armado señala que el 28 de octubre del año pasado fueron emboscados, encañonados, reducidos, golpeados, amenazados de muerte y hubo disparos al aire y destruyeron cámaras filmadoras.
Los rehenes fueron liberados después de varias horas de tratos inhumanos y después de la firma de un acta en el que las víctimas se comprometían a no volver a ese lugar y que los secuestradores quedaban como únicos dueños de la propiedad.
Estos antecedentes no pesaron en la decisión del juez Cruz, por eso la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) censuró la conducta del funcionario y advirtió impunidad.
La defensa de las víctimas anunció que una vez que se agoten los recursos de apelación a la decisión judicial se presentará una denuncia porque incumple sus deberes por lo que debería ser separado de sus funciones por el Consejo de la Magistratura.
La Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) declaró persona no grata al juez de Guarayos por la liberación de los únicos detenidos por el secuestro y tortura de periodistas, policías y civiles.
No es la primera vez que el juez Cruz libera a personas acusadas de ataques armados.
El 22 de marzo de este año dictó medidas sustitutivas para cinco personas aprehendidas por la muerte de una persona en medio de un conflicto por tierras en una comunidad llamada San Antonio del Junte de Guarayos.
Franklin Delgadillo, hijo de uno de los dirigentes de las personas que se asentaron en tierras del empresario estadounidense-judío Jacob Ostreicher, fue asesinado con un arma de fuego.
Como ocurrió con los acusados por las torturas en Las Londras, determinó que los aprehendidos presenten dos garantes y se presenten cada 15 días en la Fiscalía para firmar un libro de registros. (Santa Cruz. Brújula Digital)