El asesinato a sangre fría de dos policías y un voluntario del GACIP, por sicarios colombianos, guardaespaldas de Misael Nallar, supuesto “empresario, ganadero, corredor de autos”, dueño de 37 vehículos, lago artificial, mini zoológico, varios cuadratrax, en la Hacienda la Bendita en Santa Cruz, nos muestra la vida de un Pablo Escobar boliviano, nuevo rico producto de la invasión de narcotraficantes al país. El fascismo al mimetizarse con la cúpula militar, policial, judicial y legislativa ha instrumentalizado toda su estructura en función de sus intereses, lo que atrae a las mafias vinculadas a la comercialización de cocaína.
El Deber publicó un informe de inteligencia de la Policía colombiana, realizado en coordinación con la DEA. Tal documento expresa que “Son 10 bandas criminales que operan en Bolivia, de Brasil está el Primer Comando de la Capital (PCC), Sendero Luminoso de Perú, el Clan del Golfo, el Cártel del Norte del Valle y grupos paramilitares como las (FARC), Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) y los Rastrojos, que toman decisiones en sus lugares de origen y su capacidad económica les ha permitido penetrar y cooptar organizaciones de la sociedad civil que han contribuido a su legitimación, en Bolivia solo se decide cuestiones de tipo táctico”.
En cuanto al ataque armado, salió a luz que uniformados denunciaron que por esa zona existirían laboratorios de cristalización de cocaína diseminados en varias partes, bajo control de organizaciones criminales de narcotráfico, que reciben protección con estilo de los “barones de la droga”. Identificaron líneas operativas con presencia en el Chapare, Trópico de Cochabamba, otra desde Santa Cruz hasta Brasil para llegar al mercado de Europa, Estados Unidos y México, y la tercera opera por la región sur, frontera con el Paraguay y Argentina para llegar a los mercados europeo, asiático, ruso e inclusive al Medio Oriente. Las mafias nacionales generalmente son clanes familiares bolivianos con contactos en la política, la justicia y la Policía Boliviana, pero en una relación de subordinación ante las organizaciones externas.
Corroborando esta información, la investigación de la DEA en el gobierno de Morales establece que Maximiliano Dávila, hoy preso, junto a Alexander Rojas Echeverría utilizaron cargos oficiales y conexiones para obtener acceso a aeródromos bolivianos, a fin de facilitar los cargamentos de cocaína en grandes cantidades y organizar la protección de parte de las fuerzas del orden a esos cargamentos. Los jefes policiales limpiaban sus antecedentes y llegaron a condecorar al mencionado por colaborar con la construcción de una infraestructura deportiva para la Policía. El 15 de abril de 2019 se reveló el caso del narcotraficante Pedro Montenegro Paz y se descubrió una red de protección en la que se involucró a jefes policiales, como el coronel Gonzalo Medina, director de la FELCC en Santa Cruz. Cuando cayó preso por el caso Montenegro, en mayo acusó a jefes policiales por narcotráfico. Al respecto se detalla:
1) El ex comandante de la Policía de Bolivia, general Oscar Nina, fue sentenciado por 7 años y 6 meses en el caso de LEGITIMACIÓN de ganancias ilícitas y supuestos vínculos con el tráfico de drogas durante el ejercicio de su cargo.
2) El general Oscar Nina, ex jefe antidroga, tenía nexos con “Chapo Guzman”, capturado en febrero de 2011 en Panamá, por traficar 144 kilos de cocaína de Bolivia hacia EEUU.
3) El ex mayor de la Policía, Omar Rojas Echeverría, denominado el “Pablo Escobar boliviano”, fue detenido en marzo de 2021 en Colombia, acusado por tráfico internacional de cocaína y fue extraditado a Norteamérica.
El cherry de la torta blanca se la coloca cuando la justicia de Estados Unidos condenó a 14 años de prisión al ex comandante de la FELCN, general René Sanabria –hombre fuerte del Gobierno de Evo Morales–, por traficar drogas hacia EEUU. Y Jesús Einar Lima Lobo era líder de un clan familiar que tenía nexos con organizaciones de narcotráfico en Colombia y Brasil, con el Primer Comando de la Capital, asentados en Bolivia. Lima Lobo fue extraditado al Brasil y condenado por delito de tráfico internacional de drogas.
Exigimos no más encubrimiento al narcotráfico, ya que solo se imputa por ganancias ilícitas, con penas leves y algunos son liberados. Exigimos investigación y sanción urgente, por claros indicios de NARCOTRÁFICO, a Misael Nallar.
Angélica Siles Parrado, Abogada – Economista, ex Asambleísta Constituyente.