Según el libro “12 años de estabilidad económica”, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, publicado en diciembre de 2018, en el país hasta 2017 la cantidad de ítems en el sector público era de 402.763 (servidores públicos).
Las formas de ingreso por lo general se han dado de acuerdo con la afinidad política y también “pagando derecho de piso” (como alguna vez me lo dijo alguien), o sea, existen personas que fungen como intermediarios que se encargan de cobrar al que quiere ingresar a trabajar en la institución pública, ni qué decir de los espacios en la administración de justicia, donde los montos que son pagados (por ejemplo, para ser juez) todavía son mucho más altos. Esta forma de ingreso es un secreto a voces. También es cierto que desde que está el MAS en los distintos niveles de Gobierno, esta práctica se ha vuelto muy común, pero hay que admitir que no es exclusividad del masismo, existen conductas similares de los que dicen ser opositores, el caso más sonado es de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra con los ítems fantasma.
La falta de empleo es un buen “caldo de cultivo” para los mencionados intercesores, dado que muchas de las personas se ven cuasi obligadas a pagar para conseguir un puesto de trabajo. Por si esto fuera poco, incluso hay profesionales (obvian engreimientos), que están dispuestos a trabajar de lo que sea, al fin de cuentas se trata de contar con una fuente de ingresos.
Una vez adentro, muchos de estos servidores públicos se convierten (en algunos casos si es que tienen suerte) en una especie de reyes chiquitos, a la vez se tornan soberbios, pero en una gran mayoría los que no tienen esa suerte, estando en el cargo son genuflexos, condescendientes y aduladores (llunkus) ante los que están en un nivel superior. Pierden la dignidad y orgullo, hasta son capaces de vender su alma al diablo, bajo el criterio de que es importante conservar el trabajo. Además, se reitera que no es fácil conseguir otro empleo, por ello, no tienen el coraje o la valentía para denunciar a sus superiores por el maltrato que sufren, por la presión o el acoso laboral a los que se ven sometidos, como a la conexión digital obligatoria después de las ocho horas de trabajo, y otras. Dicho de otro modo, se ven imposibilitados de poner un alto a los dislates del “jefe”.
Todo lo cual repercute negativamente en el ánimo y, sobre todo, en el rendimiento del servidor público, esto se ve reflejado en la mala atención que se presta al público, donde impera la burocracia, la displicencia y la corrupción, que son moneda común en estos ámbitos.
La administración pública es uno de los sectores que aún no ha mejorado, presenta serias deficiencias, pese a que somos “beneficiarios” de la revolución tecnológica, cuando se cuenta con aplicaciones o herramientas inteligentes, lo que antes representaba mucha inversión de tiempo y dinero. Ahora todo es más fácil, se tiene desde celulares inteligentes que tienen múltiples funciones, fotocopiadoras multifunción, hasta la internet, red por la que con solo hacer un clic se tiene acceso a documentos, informes, tutoriales, dossier, etc., que antes era impensables poder obtenerlos, a tal punto que ahora ya no es necesario enviar los famosos “fax” de finales del Siglo XX, mecanismo que fue muy usado por los servidores públicos.
En conclusión, el problema no es la falta de infraestructura ni de presupuesto o de regulaciones normativas, es, ante todo, de las personas; se debe reflexionar sobre el rol que jugamos en la sociedad, reconocer nuestros errores. La situación amerita un golpe de timón y, por ende, visualizar el país que queremos (la imagen del futuro como decía Fred Polak), lo peor que nos puede pasar es que perdamos el norte.
El autor es politólogo – abogado y docente universitario.
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