El pasado lunes 11 se realizó en buena parte del país un paro de actividades convocado por organizaciones cívicas que lideran las luchas en defensa de la democracia ante las políticas autoritarias del régimen del populismo-masista que nos gobierna tres lustros. El dirigente de los cocaleros del Chapare y que ejerció la presidencia catorce años consecutivos contra lo que determina la Constitución de solo dos períodos, en su cuenta de las redes sociales en referencia a los movimientos ciudadanos, expresó que al igual que en 2019 los que se movilizan son pagados con hasta 300 bolivianos por asistir a dichas movilizaciones.
No extraña que el dirigente cocalero y cabeza del partido de gobierno insulte –una vez más– a los miles de ciudadanos que se movilizaron los 21 días en octubre y noviembre del pasado año, hasta lograr la renuncia y huida a México (bajo el amparo del populista de ese país, Manuel López Obrador). Esa ciudadanía (conformada en especial por jóvenes y mujeres) espontáneamente salió a las calles con las “pititas”, ante el grosero fraude electoral en las elecciones de octubre de ese año, con el que el dirigente cocalero pretendía tener el poder por siempre. No hubo organización pre establecida, ni dirigencia política partidaria, fue una reacción de la sociedad, cansada de los excesos del poder.
Sostener que los miles de ciudadanos que se expresaron democrática y pacíficamente en las calles recibieron dinero resulta una mentira y un insulto a la ciudadanía que ejerció su derecho a la protesta. Es cierto que en Potosí alguna gente atacó las residencias de algunas autoridades del gobierno populista, debido a las diferencias entre el gobierno y la ciudadanía potosina, mas, al contrario, fueron los grupos organizados y financiados por los populistas que atacaron e incendiaron bienes inmuebles públicos, privados y municipales (quema de 60 buses de servicio público en la ciudad de La Paz), prueba de ello es que se detuvo a individuos que llevaban mochilas repletas de dinero, como se mostró en los medios de comunicación, ¿cuál era el origen de ese dinero?, ¿dónde fueron a parar esos recursos?
El dirigente cocalero y político Morales Ayma, en mayo de 2008 insultó a la Iglesia Católica, como lo hizo en varias oportunidades, calificándola de “sindicato opositor”, debido a su papel de mediadora en un diálogo entre el gobierno y los prefectos. Ese mismo mes y año el entonces presidente populista calificó de mentirosos a los medios de comunicación del país, además de ser enemigos de su gobierno. Se inventaron el calificativo de “cártel de la mentira” a los medios que informaron sobre los deslices sentimentales del cocalero con una joven que tuvo un hijo, las declaraciones de Álvaro García Linera sobre pensiones familiares al niño y finalmente la inexistencia del mismo. Si no existió, ¿a quién pasaba pensiones el caudillo cocalero?
El entonces jefe de bancada de Podemos, Antonio Franco, sostuvo que Morales Ayma con sus críticas a la Iglesia mostró: “su falta de cultura democrática y educación, además se muestra prepotente, insolente e inmaduro”. El entonces Cardenal Julio Terrazas habría dicho: “El presidente no cambia de doble moral e impostura (…) claramente es un sindicalista y la talla de Jefe de estado le queda grande” (EL DIARIO, 11 de mayo de 2008).
La verdad es que el dirigente cocalero, durante su paso por la presidencia de la República y del Estado Plurinacional, y ahora como cabeza del partido de gobierno, con su política de odio, confrontación y prebendalismo se ha abierto varios frentes de crítica y oposición, pues lejos de buscar simpatías y adhesión de la ciudadanía, como lo haría un dirigente político con formación, ha logrado la crítica y antipatía que tuvo su expresión en las movilizaciones ciudadanas de octubre-noviembre de 2019 y hoy, según encuesta levantada por Cultura Interactiva, el 81% de los encuestados rechaza su probable candidatura en 2025. Ya antes de su renuncia y huida, según estimaciones de opinión, 7 de cada 10 personas eran críticas a su gobierno.
El país demanda y necesita una política de gobierno que sea capaz de lograr la unidad de los bolivianos, como lo determina la Constitución como atribución (debemos decir obligación) del presidente y no división y polarización alentada por el populismo gobernante, que es un atentado a la seguridad y defensa del Estado.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente de educación superior.