En últimos años proliferaron delitos de corrupción en dependencias del Estado Plurinacional que ocasionaron que el país reciba agudas calificaciones por parte de organismos internacionales y la severa crítica de la opinión pública, que provocaron tanto malestar que originaron la desestabilización de algunos gobiernos.
Esos actos de corrupción en ministerios, empresas públicas, dependencias oficiales, es decir partes del Estado Plurinacional, alcanzaron niveles de extraordinaria magnitud y en cada caso sumaban millones de dólares en coimas, sobornos, malversación de fondos, desaparición de dinero en préstamos fantasmas y otros muchos que superaron la imaginación más febril de quienes estaban al tanto de esa cultura de inmoralidad.
Ese proceso delictivo tuvo no solo carácter individual, sino también colectivo, ya que llegaba a sectores sociales que nunca se hubiese sospechado que estuviesen involucrados en actos ilegales y de efectos en los bienes del Estado. No solo eso, lo notable fue que esa ola gigantesca de corrupción en mecanismos estatales llegó a tener amparo de mecanismos de poder y, en particular, de dependencias de la Justicia, al extremo que el aparato administrativo judicial del país fue objeto de críticas tan graves, por hechos como prevaricatos flagrantes. Por lo tanto, se vio la necesidad de que la Justicia sea sometida a una reforma que llegue a sus últimas consecuencias. Inclusive el presidente del Estado Plurinacional afirmó que la justicia estaba “podrida” y el vicepresidente dijo que estaba en “terapia intensiva”.
Se destacó también que, mientras en tiempos pretéritos la corrupción no pasaba de unos cuantos pesos bolivianos, al presente cada caso denunciado alcanzaba millones de dólares, además, sin que caiga el martillo de la justicia sobre los autores.
Para frenar esa epidemia, el gobierno adoptó una serie de medidas, lanzó campañas y dictó leyes draconianas, las cárceles quedaron pequeñas y rebasaron de pícaros, siendo necesario crear otras que tampoco darían abasto a los condenados. Esas disposiciones para frenar la ola no dieron resultado. Al contrario, la corrupción creció en progresión geométrica, dejando pensar que un nuevo gobierno acabaría con el mal.
Pero, al parecer todo fue inútil. Cuando se creía que la pandemia finalizó, reapareció en el gobierno de transición, con intensidad, como con el asunto de la compra con sobreprecios de gases lacrimógenos, por parte del entonces ministro Murillo, quedando, sin embargo, olvidados casos graves anteriores del régimen de 14 años, como el del Fondo de Desarrollo Indígena, el fracaso de empresas estatales, el asunto del avión presidencial y otros muchos, que emergerán más temprano que tarde, porque la justicia tarda, pero llega.