Tras el anuncio de la convocatoria para todos los ministros de Gobierno de transición para declarar sobre el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos durante la gestión de Arturo Murillo al frente del Ministerio de Gobierno, legisladores de oposición discrepan sobre la pertinencia de estos requerimientos por considerar que se ejerce presión sobre el Órgano Judicial desde el Ejecutivo.
El diputado por la agrupación Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, señaló que al realizar una investigación que vincule a exministros será el inicio de la vulneración de derechos fundamentales de las ex autoridades mediante un juicio que priorizará intereses políticos del oficialismo.
“Primero hemos pedido que tenga que haber una reforma judicial, lastimosamente todo tiene tintes políticos y ya el ministro está ejerciendo su presión sobre la justicia. En este caso, al parecer no se van a respetar los derechos y garantías de las personas” indicó.
Reyes señaló que si se desea investigar hechos de corrupción del Gobierno de Añez, también se investiguen los casos durante esta gestión pues, meses atrás, ha habido un ministro descubierto infraganti cobrando sobornos.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, señaló que todos los ciudadanos están en la obligación de prestar colaboración en la investigación de hechos de corrupción, más aun si se trata de ex autoridades nacionales.
“Qué autoridad podría estar al margen de todo lo que ha tenido que ver con este tema de actos de corrupción, ahí han estado sus ministros, sus ministros son corresponsables. Tienen que contribuir a todo lo que necesite el Órgano Judicial, entonces quien sea convocado tiene que contribuir, porque si no estarían más bien impidiendo que la justicia aclare y se imponga sobre estos delitos que han cometido”, indicó.
Mamani sostuvo que la actual oposición fue parte intelectual de lo ocurrido y cuestionó que ahora se pretendan lavar las manos y negar todo vínculo con la administración de Añez. “Ahora resulta que la oposición no conoce a Arturo Murillo” cuestionó.
Estas posiciones surgen tras las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima Magne, quien durante una entrevista con el canal estatal manifestó que la aprobación de tres decretos permitió la adquisición de los gases lacrimógenos y armamento no letal, con sobreprecio, durante el Gobierno transitorio.
“Si un funcionario público ve un hecho de corrupción, un hecho de abuso, un hecho de arbitrariedad, debe inmediatamente denunciarlo. No basta la denuncia, en caso de derechos humanos y de corrupción, necesitábamos que ellos digan la verdad, es algo que necesitamos aclarar. La Fiscalía y los jueces les dan las garantías, el Ministerio de Justicia, que es la parte querellante en este proceso, no va a pedir su detención preventiva, no la va a pedir en la medida que ellos declaren y digan la verdad” dijo.
Adelantó que durante la presente semana serán emitidas las respectivas notificaciones para las ex autoridades.