La designación del exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Óscar Coca, como presidente del directorio de la Empresa Pública de Transporte Aéreo Militar (TAM), fue calificada como una “nueva afrenta contra las Fuerzas Armadas (FFAA)” por el general en servicio pasivo del Ejército, Tomás Peña y Lillo.
Mediante Resolución Ministerial 0205/21 del 22 de abril de este año, Edmundo Novillo, ministro de Defensa, resolvió designar a Óscar Coca Antezana (hasta ayer coordinador del Despacho del Ministerio de Defensa) como presidente del TAM, según reportó El Deber.
“Coca quedó encargado del estricto cumplimiento de la resolución, debiendo ejercer sus atribuciones conforme establece el Decreto Supremo 3025”, se lee en parte de la nota de El Deber.
Peña y Lillo apuntó que al ser un cargo técnico, la presidencia del TAM debiera recaer en una persona que mínimamente conozca temas de seguridad y defensa además de aeronáutica, como un coronel o general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
“Designan en el cargo a una persona que no solamente no tiene conocimiento en temas de seguridad y defensa, sino que tiene antecedentes de corrupción y haber causado daño económico al Estado. Estos hechos son un muy mal antecedente para las FFAA, es una nueva acción en contra de la institución castrense”, apuntó Peña y Lillo en contacto con EL DIARIO.
El general manifestó que el perfil profesional para ocupar el cargo en el TAM debe ser un coronel o general que haya estado destinado en esa institución y que tenga los conocimientos de seguridad y defensa, aeronáutica, además que de conocer el transporte aéreo estratégico.
El militar recordó que el TAM cumplía el servicio de complemento a la línea aérea nacional. Al inicio se encargaba de transportar pasajeros y carga a lugares donde no llegaba la línea aérea nacional y que por diferentes factores no era una ruta comercial definida.
Además –dijo– se encargaba de presentar un estudio de transporte aéreo a todas las operaciones militares que lo requerían ya sea por operaciones de combate o de seguridad, también proporcionar apoyo a los lugares donde habían ocurrido tragedias.
Posteriormente, debido a diferentes factores, fue transformada en entidad pública porque constituía una competencia para la línea aérea nacional porque transportaba pasajeros dentro de la red troncal y algunos lugares donde ya existía el servicio.
COCA
El 19 de diciembre de 2019, el entonces ministro de Obras Públicas, Iván Arias, denunció la pérdida de Bs 1.700 millones en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel S. A.), durante la gestión del exgerente general de esta empresa estatal, Óscar Coca.
En la oportunidad, Arias dijo que Coca y el Movimiento al Socialismo utilizaron a Entel como su “caja chica” para la adquisición de “lujos” en Bolivia y en Perú.
Arias, en esa oportunidad, denunció daño económico por parte de la estatal en la instalación de “telecentros”, de los cuales no funcionan el 65 %, además de la compra de equipos valorados en Bs 12,5 millones, los cuales no existían.
En diciembre de 2019, el Ministerio Público admitió una demanda contra Coca por el delito de uso indebido de influencias, entre otros tipos penales, daño económico al Estado por Bs 1.700 millones de bolivianos ocasionados a Entel.
También es preciso señalar que luego de dejar su cargo en Entel, Coca fue Ministro de Obras Públicas en el gobierno del expresidente Evo Morales, hasta los primeros días de noviembre de 2019.
Antes que el Ministerio Público admitiera una demanda contra Coca en 2019, el empresario francés David Cabessa lo denunció en 2016 por anular una licitación que su empresa había ganado para la provisión de módems a Entel, a fin de favorecer a una empresa china.
Un año más tarde, el exdirigente sindical de Entel, Franz Siles, culpó a Coca de desatar persecución y acoso laboral contra los representantes laborales, después que se denunciara tráfico de influencias y ganancias ilícitas de funcionarios de la estatal de telecomunicaciones.
La información de la Contraloría General del Estado indica que Coca presentó su declaración jurada de bienes y rentas como servidor público el 23 de diciembre, reportando 10.914,60 bolivianos en bienes (activos), 462.265,21 en deudas (pasivos) y cero en rentas.
VIDA LUJOSA EN EEUU
En julio del año pasado, trabajadores de Entel indicaron que Coca se encontraba en Estados Unidos “disfrutando” de los ingresos irregulares obtenidos como gerente de la empresa.
En aquella ocasión, los trabajadores pidieron al Ministerio Público exija se lo declare rebelde y contumaz a la Ley y por ende se aplique el sello rojo para que la Interpol lo aprehenda y lo ponga a disposición de un juez del país. (El Diario y El Deber)