El desplome histórico de las reservas de gas natural sitúa a Bolivia en la antesala de una crisis energética y eléctrica sin precedentes. Tras dos décadas de extractivismo irresponsable sin reposición de campos, el país enfrenta la cruda realidad de que el 70% de su generación eléctrica depende directamente del gas. La emisión de decretos desesperados para autorizar la importación excepcional de gas natural es la confesión oficial del fracaso del modelo rentista. De no ser corregido el rumbo, el horizonte cercano promete racionamientos severos, apagones en las ciudades, el encarecimiento de las tarifas eléctricas y la parálisis de los parques industriales, para no mencionar otros efectos colaterales, como el encarecimiento de los productos y del costo de vida en general. Ante este precipicio anunciado, el país se debate entre tres caminos complejos que definen su supervivencia financiera y energética.
La primera opción consiste en mantener la inercia actual: seguir vendiendo los escasos volúmenes de gas disponibles a Brasil para capturar los cerca de 100 millones de dólares mensuales que aún sostienen la respiración artificial del fisco. Sin embargo, este camino es suicida si esos recursos continúan malgastándose en subsidios insostenibles, importación de combustibles subvencionados y el mantenimiento de un aparato estatal obeso e improductivo. Exprimir los últimos pozos para financiar el gasto corriente solo acelerará el colapso interno.
La segunda opción, defendida por algunos sectores técnicos, plantea cortar de raíz las exportaciones al mercado brasileño para redirigir todo el gas remanente al consumo interno y evitar la inflación de importar energía cara. Aunque suena lógico priorizar el abastecimiento nacional, esta vía choca con dos muros infranqueables: las rigurosas cláusulas contractuales y penalidades multimillonarias que acarrea incumplir compromisos internacionales de suministro, y el golpe letal que significaría quedarse de la noche a la mañana sin la principal fuente de divisas frescas en medio de una aguda escasez de dólares.
La tercera vía exige una cirugía mayor. Consiste en renegociar de manera inteligente y dentro del marco contractual una reducción progresiva de los envíos hacia Brasil, liberando el volumen estrictamente necesario para garantizar la generación eléctrica doméstica y evitar los apagones. Pero esta medida será estéril si no viene acompañada de un ajuste fiscal drástico: optimizar cada dólar destinado a la exploración con seguridad jurídica para atraer inversión privada, y recortar de tajo el gasto público superfluo reduciendo el gigantesco aparato estatal. Bolivia ya no puede darse el lujo de subsidiar la ineficiencia; debe elegir entre achicar el Estado hoy o apagarse por completo mañana.
Lo apremiante posee relación también con la dependencia que Bolivia tiene de los productos que importa y que, obviamente, son comprados con dólares, pues pese a haberse esgrimido durante tantos años el discurso de la soberanía y la industrialización, lo cierto es que hoy Bolivia sigue comprando casi todo de fuera y que en ella nada se ha industrializado. Todos estos factores hacen una perfecta tormenta en el horizonte, la cual puede desatarse si la clase política sigue enfrascada en casos de corrupción e ineficiencia y si continúa sin debatir los problemas estructurales que aquejan a las familias bolivianas.
Fantasma de apagones y dilema fiscal
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