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Créditos para sacar al país de la crisis

Hace más de un año, los candidatos y partidos políticos que participaban en las elecciones generales, llevados por la ambición de poder, hicieron varias ofertas para sacar al país del fondo del precipicio al que había sido conducido por dos gobiernos anteriores del MAS.

La parte principal de las ofertas electorales consistía en resolver el problema de la crisis económica y no menos el desbarajuste que habían causado los gobiernos populistas de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora, respectivamente. Al respecto, son numerosas las pruebas que demuestran su bacanal con el dinero del pueblo, durante dos décadas. Ante tan desolador panorama, con la llegada del gobierno conducido por Rodrigo Paz Pereira, la esperanza volvió a los bolivianos y organismos internacionales de financiamiento comenzaron a ofrecernos ayuda.

Y a pesar que durante su campaña como candidato Rodrigo Paz había declarado que no era necesario recurrir a créditos externos, porque bastaba con el ahorro interno, hoy se ha visto obligado a pedir préstamos externos, para atender necesidades urgentes.

En efecto, entre los créditos concedidos están uno del Banco Mundial por 500 millones de dólares, para respaldar reformas económicas y dar protección a sectores vulnerables. Del BID se ha conseguido 500 millones de dólares para el Programa de Apoyo a la Estabilidad Macroeconómica y Fiscal de Bolivia  y un préstamo adicional de 250 millones de dólares para el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal. La CAF nos otorga 550 millones de dólares para infraestructura y construcción de carreteras. Otro crédito de 100 millones de dólares proviene de Japón, destinado a salud, educación y necesidades de urgencia. Asimismo habrá 30 millones de dólares para el proyecto del Parque Lineal de La Paz y El Alto. Y el FMI y la banca internacional anunciaron un financiamiento de diez mil millones de dólares para a sacar a Bolivia a flote.

Ante la concesión de esos créditos y otros, la situación económica del país parece mejorar. Pero dentro del país se levantaron olas de resistencia, principalmente de sectores sociales afines al MAS y que rechazaban mayor endeudamiento del país. Además, comenzaron a oponerse a toda reforma económica proveniente del Ejecutivo. Pero no pudieron evitar el levantamiento de la subvención al precio del diésel, la que era insostenible porque desangraba la economía nacional y favorecería más a contrabandistas de combustibles y sectores de producción irregulares.

Por si fuera poco, en la Asamblea Legislativa hay fragmentación y el Ejecutivo no tiene respaldo organizado y mayoritario, por lo que la elaboración y aprobación de leyes importantes como la de Inversiones, de Minería de Hidrocarburos y otras tienen un tratamiento lento y moroso. Por su parte, ante cualquier demanda insatisfecha, salen a las calles gremios, la COB, sindicatos, todos con el afán de echar gasolina al fuego.

Mientras tanto, la mayoría de la población es obligada a “ajustarse el cinturón”, al contrario de muchos políticos reacios a perder los beneficios económicos que les proporcionan sus cargos públicos.

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