Ante el escándalo por la filtración de audios atribuidos a dos diputados ejerciendo presión para la asignación de cargos en la administración pública, la senadora por la alianza Libre, Elena Pachacute, cuestionó que actores políticos incurran en actos de extorsión bajo la figura de una supuesta fiscalización parlamentaria.
En criterio de le legisladora paceña, es lamentable que varios legisladores hayan distorsionado el concepto de la fiscalización parlamentaria por intereses políticos, tomado en cuenta que la función pública debe ser una labor de servicio a la sociedad.
“Yo no comparto para nada que la fiscalización se convierta en una extorsión hacia algunas autoridades. El patrimonio del Estado boliviano es para la gente y no para un partido político. Lamento mucho que algunos colegas hayan caído en ese tipo de tenores, ellos no son dueños de nuestro país, esos cargos son para la función pública, para prestar un servicio a la sociedad”, afirmó.
Según Pachacute, es necesario y urgente cambiar la forma en que se designan autoridades en instituciones y entidades estatales, esto para que -a través de convocatorias abiertas- los profesionales más idóneos y probos puedan postular para ocupar cargos de distintos rangos, sin la necesidad de que exista cualquier tipo de presión política, sino solo demostrando capacidad para desenvolverse en cualquier área.
Respecto a la polémica por la filtración de algunos audios atribuidos a los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, en supuestos actos extorsivos sobre la exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Daniela Quiroga, para la designación de cargos en favor de personas que colaboraron en la campaña del partido oficialista, Pachacute apuntó que no es correcto tratar de victimizar o destacar el trabajo de la exautoridad, debido a que su designación tampoco fue producto de una evaluación o concurso de méritos, sino fruto de un nombramiento directo.
Asimismo, revelando que Quiroga percibía un salario superior a los 20.000 bolivianos mensuales, cuestionó que la exautoridad no hubiera denunciado con anterioridad las presuntas presiones para la designación de cargos, por lo que presentó una Minuta de Comunicación a todo el Órgano Ejecutivo, en busca de que futuras compulsas para acceder a cargos públicos se realicen bajo criterios estrictamente meritocráticos.
En conferencia de prensa, la senadora paceña exigió al Ministerio Público intervenir e investigar “caiga quien caiga”, todas las irregularidades en asignación de cargos y contrataciones, esto para evitar que puestos de trabajo en la función pública sigan siendo una especie de patrimonio político coyuntural.
Ayer, en declaraciones a Erbol, la exdirectora de la Aisem, Daniela Quiroga, identificó a los diputados oficialistas: Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García, como integrantes de un “clan” que, según su testimonio, ejercía presiones para incorporar personal en esa institución estatal.
“Los tres definían, por así decirlo, a quién me enviaban, no era uno que lo hacía por su lado, el otro por el otro. Era como un clan”, sostuvo.
Quiroga aseguró que durante los siete meses que permaneció al frente de la Aisem recibió aproximadamente 50 currículums remitidos por legisladores. De ese total, estimó que alrededor de 40 personas llegaron a ser incorporadas, aunque aclaró que las contrataciones se realizaron cuando los postulantes cumplían con los requisitos establecidos en las fichas de perfil.
Desde la alianza Libre, el senador José Sánchez explicó que algunas de las preguntas de la Petición de Informe Oral remitida al Ministerio de Salud por la destitución de Quiroga, busca conocer el caso específico del funcionario de apellido Montevilla, quien ingresó a dicha institución en octubre de 2026.
“Lo que se tiene que exigir es que cumplan los requisitos establecidos; es decir, respetar la meritocracia que se establece para ocupar cualquier cargo”.
El jefe de la bancada de Libre en el Senado también se refirió a las nuevas revelaciones de la exdirectora de Aisem, en las que denuncia supuestas humillaciones por parte de tres parlamentarios, situación que debe ser esclarecida y sancionada, porque se habrían cometido delitos de orden público.
“Estamos convencidos que estos asambleístas han cometido delitos de orden público, por tanto, deben ser procesados en la vía penal, han incumplido el Código Penal que establece con claridad el uso indebido de influencias y tiene una sanción hasta de seis años de prisión”, finalizó.
Función pública no es patrimonio político
Condenan la extorsión a título de fiscalización
> Lamentan que varios legisladores hayan distorsionado el concepto de la fiscalización parlamentaria por intereses políticos, tomando en cuenta que la función pública debe ser una labor de servicio a la sociedad. > Ven necesario y urgente cambiar la forma en que se designan autoridades en instituciones y entidades estatales, donde deben ser convocatorias abiertas las que permitan a los profesionales más idóneos y probos acceder a cargos de distintos rangos. > Exigen al Ministerio Público intervenir e investigar “caiga quien caiga”, todas las irregularidades en la asignación de cargos y contrataciones en la administración pública.
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