Bolivia está en la antesala de una aguda crisis energética por la dramática caída de sus reservas de gas. Pasamos de exportadores a Brasil y Argentina a potenciales importadores de este energético.
Durante años, el gas natural fue motor de la economía: generó divisas, ingresos fiscales, regalías y recursos para el desarrollo. Sin embargo, no se aseguró su continuidad mediante nuevas inversiones. Debemos decirlo con claridad: las autoridades que no hicieron lo necesario para reponer las reservas de gas, pese a contar con recursos, deben responder por esa omisión. Hace pocos días, la diputada oficialista Claudia Bilbao señaló que los responsables del daño económico durante los gobiernos del MAS deben responder ante la justicia, sin escudarse en supuestas denuncias de persecución política.
La caída de las reservas aumenta nuestra dependencia de combustibles importados. Se suman subsidios insostenibles que ponen en riesgo la economía y la estabilidad social. Aproximadamente dos tercios de la generación eléctrica del Sistema Interconectado Nacional provienen de centrales termoeléctricas que funcionan predominantemente con gas natural. El tercio restante corresponde a fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, además de energía solar y eólica. Esta dependencia representa un riesgo para la seguridad energética. Sin nuevas fuentes de abastecimiento, podríamos llegar a situaciones insostenibles.
Asegurar la energía no significa solo garantizar gasolina y diésel; también exige un suministro eléctrico confiable para hospitales, industrias, empresas y hogares. El problema no surgió de la noche a la mañana. Durante años se privilegiaron los ingresos hidrocarburíferos sin invertir lo suficiente para reponer las reservas consumidas. La exploración perdió dinamismo y los nuevos proyectos no consiguieron revertir el declive productivo. Bolivia aprovechó la riqueza del gas, pero no aseguró su continuidad. Las reservas descendieron de 10,45 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2013 a 3,7 TCF en 2025.
Nuestro modelo energético depende de subsidios cada vez más difíciles de sostener. El Estado importa crecientes volúmenes de combustibles con precios internacionales y los comercializa internamente con precios subsidiados. Esta diferencia presiona las finanzas públicas y las reservas internacionales, en un contexto de escasez de divisas y menores ingresos por exportaciones de gas.
Las políticas hidrocarburíferas de los gobiernos del Movimiento al Socialismo no generaron condiciones para atraer suficientes inversiones de riesgo destinadas a explorar y reponer reservas. Ahora la tarea es ardua: buscar inversionistas y convencerlos de llegar al país. Todo es urgente; no podemos demorar las acciones necesarias.
El analista Álvaro Ríos advirtió: “De no hacer nada, Bolivia requerirá importar aproximadamente 6.000 millones de dólares (100 dólares por barril de petróleo) de energía entre gas natural, GLP, diésel, gasolina, jet fuel e incluso energía eléctrica el 2035”. Ante ese escenario, planteó medidas difíciles: eliminar y focalizar subsidios, aprobar leyes que atraigan inversión privada a hidrocarburos y electricidad, y reformar profundamente YPFB, ENDE y sus respectivos órganos reguladores.
Las estadísticas muestran un deterioro estructural: desde 2015, la producción de gas natural cayó más del 50%, mientras la renta petrolera también se redujo significativamente. Esto refleja el agotamiento de los principales campos, la insuficiente reposición de reservas y la menor capacidad de generar divisas mediante las exportaciones.
Los gobiernos del MAS se limitaron a administrar la riqueza proveniente de la venta de gas, sin preocuparse por reponer las reservas. Alejaron a los inversionistas y la petrolera estatal no llenó el vacío dejado por los privados.
También se debe revisar el régimen fiscal del sector. La Ley de Hidrocarburos de 2005 y las posteriores políticas de nacionalización y contratación configuraron un esquema de elevada participación estatal en la renta. Si bien permitió incrementar los ingresos públicos durante el auge de precios internacionales, corresponde evaluar si las condiciones tributarias y contractuales ofrecen incentivos suficientes para atraer capital de riesgo destinado a explorar y desarrollar nuevos campos.
Como remarcó el presidente Paz, el país tiene potencial hidrocarburífero y puede volver a atraer inversiones importantes. Para ello necesita un marco legal que haga viables los proyectos desde el punto de vista económico. No tenemos tiempo que perder.
El autor es economista. Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).