Seguridad: confusión de responsabilidades

En Bolivia hay una preocupante confusión entre las responsabilidades de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) en materia de seguridad ciudadana y las obligaciones del Estado en materia de seguridad pública. Si bien ambas están relacionadas y se complementan, no tienen el mismo alcance ni persiguen exactamente los mismos objetivos.
La seguridad ciudadana requiere la participación de los gobiernos departamentales y municipales mediante acciones de prevención de la comisión de delitos, recuperación de espacios públicos, implementación de sistemas de video vigilancia y programas de convivencia pacífica. Sin embargo, estas responsabilidades no deben ser confundidas con la lucha contra las organizaciones criminales, el narcoterrorismo y el sicariato, cuya investigación y desarticulación requieren capacidades especializadas del Estado.
El problema que actualmente observamos es que, muchas veces, se pretende responder a las amenazas criminales incrementando el número de servidores públicos policiales destinados al patrullaje. Sin embargo, colocar más policías en las calles no necesariamente evitará el sicariato, las amenazas contra autoridades ni las acciones de las organizaciones criminales. Estas amenazas requieren estrategias basadas en el fortalecimiento de la inteligencia criminal, la investigación especializada, el seguimiento de estructuras delictivas y la cooperación interinstitucional e internacional.
La seguridad pública es una responsabilidad del Estado y de las instituciones legalmente competentes, particularmente de la Policía Boliviana, cuya misión constitucional es defender a la sociedad, conservar el orden público y cumplir las leyes. Por tanto, corresponde al Estado fortalecer sus capacidades institucionales, tecnológicas, investigativas y operativas para enfrentar estas amenazas. Asimismo, la participación ciudadana debe limitarse a formas de colaboración que no pongan en riesgo la vida ni la integridad de las personas.
En conclusión, es necesario dejar de confundir la prevención de la inseguridad ciudadana con el combate especializado al crimen organizado. Las ETA deben cumplir sus competencias en materia de prevención y apoyo a la seguridad ciudadana, mientras que el Estado debe asumir plenamente su responsabilidad de garantizar la seguridad pública.
No se combate el narcoterrorismo, el sicariato ni el crimen organizado únicamente colocando más policías en las calles. Se los combate fortaleciendo las capacidades de inteligencia, investigación y respuesta especializada del Estado. La seguridad ciudadana no puede convertirse en una excusa para sustituir la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad pública.