InicioPortadaDébil fiscalización a la actividad minera vulnera derechos humanos
Con daños a la Madre Tierra

Débil fiscalización a la actividad minera vulnera derechos humanos

> Plantean la necesidad de una política minera integral que incluya la reforma de la Ley 535, el cumplimiento del Convenio de Minamata y la participación de la sociedad civil, la academia y las comunidades afectadas.

Ante la creciente problemática por la minería ilegal en varios puntos del territorio nacional, desde la Defensoría del Pueblo se advirtió que una actividad extractiva descontrolada sumada a una débil fiscalización estatal, constituyen un patrón sistemático de vulneración de derechos humanos, los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas.
El ente defensorial recordó que, desde el año 2012 se documenta esta problemática, mientras se impulsan acciones ante la justicia, alertando sobre la gravedad de la contaminación por mercurio, la presencia de actividades extractivas en el Parque Nacional Madidi, la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, el trabajo infantil y la violencia en centros mineros.
Estos temas fueron abordados por investigadoras, investigadores y especialistas durante los Conversatorios en Democracia, organizados por la Defensoría del Pueblo y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung Bolivia, bajo la pregunta: ¿Es posible una minería responsable en Bolivia? Retos para un desarrollo sostenible.
En el evento, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, concluyó que una minería con enfoque de derechos exige un Estado que controle y fiscalice, empresas y cooperativas que cumplan la ley, pueblos indígenas cuyos derechos sean garantizados y una sociedad que exija transparencia.
Por su parte, el analista Héctor Córdova propuso reformas normativas y tributarias para mejorar la distribución de beneficios, formalizar el sector y garantizar que las utilidades permanezcan en el país.
A su vez, Claudia Flores planteó fortalecer la fiscalización ambiental, garantizar la consulta previa, atender la contaminación por metales pesados y erradicar el trabajo infantil y la violencia de género.
Por otro lado, Alfredo Zaconeta propuso una política minera integral que incluya la reforma de la Ley 535, el cumplimiento del Convenio de Minamata y la participación de la sociedad civil, la academia y las comunidades afectadas en la elaboración de la nueva normativa.

PIE DE FOTO
Actividad minera ilegal (referencial)
CREDITO: RRSS

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