Relaciones Bolivia-Chile en la era de la geoeconomía

El fallo emitido por la CIJ en octubre de 2018 cerró un ciclo histórico en la política exterior boliviana. Al determinar que Chile no tiene la obligación jurídica de negociar un acceso soberano al océano Pacífico, el tribunal desmontó la estrategia de judicialización multilateral que había concentrado los mayores esfuerzos diplomáticos del país durante casi una década. Post-2018, la realidad impone un giro drástico y maduro: Bolivia debe sepultar la nostalgia romántica decimonónica por el mar y emprender una política exterior inteligente, pragmática y estrictamente geoeconómica con Chile. Continuar anclados en la retórica del enclaustramiento y el lamento histórico solo sirve para justificar el aislamiento conectivo y posponer las soluciones urgentes que demanda el comercio internacional y la seguridad de las fronteras compartidas.
El nuevo escenario bilateral exige dejar de mirar al Tratado de 1904 como un candado de la derrota y empezar a utilizarlo de forma audaz como una herramienta jurídica de revisión, logística y control operativo. Bolivia goza, por derecho internacional, de las prerrogativas más amplias de libre tránsito por territorio y puertos chilenos. Optimizar este mecanismo no requiere discursos ideológicos, sino una agresiva modernización aduanera, la digitalización de los procesos de carga en terminales como Arica y Antofagasta, y la eliminación de trabas burocráticas que encarecen los costos del importador y exportador boliviano.
La verdadera soberanía en el Siglo XXI no se mide únicamente por la propiedad de una franja de playa, sino por la eficiencia de los corredores biocéanicos, el acceso competitivo a los mercados del Asia-Pacífico y la infraestructura de transporte multimodal que conecta al corazón de Sudamérica con el mundo.
Para materializar esta transformación, el Estado boliviano tiene la obligación de despartidizar su diplomacia y designar en Santiago y las legaciones consulares a profesionales de primer nivel, formados en negociación comercial, derecho internacional y logística transfronteriza. La improvisación y el cuoteo político en los consulados son lujos que el país ya no puede darse.
El pragmatismo contemporáneo exige sentarse a negociar con Chile agendas de beneficio mutuo que respondan a la realidad del Siglo XXI: la gestión coordinada de las crisis migratorias complejas que golpean la frontera común, el combate conjunto y de inteligencia contra el crimen organizado transnacional —como el contrabando de vehículos robados, el narcotráfico y la trata de personas— y la complementariedad energética. Dejar atrás los fantasmas del Siglo XIX y asumir una diplomacia de resultados económicos y de seguridad es el único camino viable para que Bolivia deje de ser una víctima de su geografía y se convierta en un actor estratégico de la integración regional.