El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció a cinco exfuncionarios públicos por presunto enriquecimiento ilícito: tres de la Aduana de Potosí, señalados por cobrar para permitir el paso de 48 camiones con contrabando, y dos de Senatex, acusados de transferir Bs 4,5 millones de recursos públicos a sus cuentas personales.
Según García, la denuncia contra los exfuncionarios de la Aduana surgió por el presunto cobro de entre Bs 500 y Bs 1.000 a cada camión que trasladaba mercadería de contrabando desde Villazón hasta la ciudad de Potosí. El hecho habría ocurrido en septiembre de 2025 e involucraría a un exgerente regional y otros dos trabajadores que ya dejaron la institución.
El rastreo financiero realizado tras conocerse el caso identificó movimientos económicos de Bs 554.000, Bs 166.000 y aproximadamente Bs 70.000 en las cuentas de los tres investigados. Según el viceministro, estas cifras no guardarían relación con los ingresos declarados por los exfuncionarios y parte de las operaciones se habría efectuado mediante códigos QR.
“De 1.000 en 1.000 bolivianos, uno de ellos ya había acumulado más de medio millón de bolivianos en recursos económicos sin justificación”, afirmó García en conferencia de prensa al explicar los resultados del análisis.
En ese contexto, se determinó presentar una denuncia ante el Ministerio Público para investigar el origen de los fondos y establecer posibles responsabilidades por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. El viceministro aclaró que la desvinculación de los involucrados no impide que se investiguen hechos relacionados con el periodo en que ejercieron funciones públicas.
En el segundo caso, dos exfuncionarios del área administrativa del Servicio Nacional Textil (Senatex) fueron denunciados por transferir más de Bs 4,5 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) a sus cuentas personales entre marzo y agosto de 2025. Según la autoridad, los involucrados habrían argumentado que el dinero se utilizaría para pagar a proveedores.
Sin embargo, las operaciones observadas incluyeron más de Bs 3,8 millones en una cuenta y alrededor de Bs 733.000 en la otra, montos que, según el Viceministerio, no se justificarían por los salarios ni otros ingresos laborales de los investigados.
“Si las instituciones públicas realizamos la contratación de un servicio, las instituciones debemos pagarles a los proveedores. No es que la institución se auto deposita a sus funcionarios y ellos van a ir entregando de manera individual”, señaló García al cuestionar el procedimiento que se habría utilizado.
Por este caso, el Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Además, no descartó ampliar la investigación por legitimación de ganancias ilícitas, según los elementos que se obtengan durante el proceso.