Narcomaderas: pruebas controvertidas, evidencia destruida y responsabilidad institucional.
Hay preguntas que trascienden su significado literal. «¿De qué madera está hecho?» suele aludir al carácter y la entereza de una persona. En la controversia de las llamadas narcomaderas, adquiere otro sentido: ¿de qué madera está hecha una acusación y cuán sólidas son las pruebas que la sustentan?
En junio de 2026, autoridades chilenas anunciaron el hallazgo de sustancias controladas en cargamentos de madera boliviana destinados a la exportación. La investigación comprometió a numerosas empresas y proyectó una grave sospecha sobre el sector forestal boliviano, con posibles consecuencias comerciales y reputacionales que trascienden a los directamente involucrados.
Sin embargo, la investigación abrió una controversia técnica que merece ser esclarecida. Las empresas exportadoras contrataron a dos exfuncionarios de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA): Scott Richard Oulton, exresponsable de laboratorio forense, y James Craig Kuykendall, exdirectivo con experiencia en Chile y la región andina. Sus informes cuestionaron aspectos de la metodología investigativa y la interpretación de los resultados, particularmente en relación con las cantidades de droga atribuidas a la madera.
Por su parte, la Fiscalía chilena ha sostenido que los análisis del Instituto de Salud Pública identificaron sustancias ilícitas en las muestras examinadas. La información divulgada indica que algunas presentaron cocaína en trazas, mientras otras no registraron drogas, la discrepancia exige distinguir entre detectar una sustancia en una muestra, determinar su concentración y atribuir una conducta delictiva a personas concretas, son cuestiones relacionadas, pero jurídicamente diferentes.
Los informes contratados por los exportadores no demuestran por sí solos la ausencia absoluta de sustancias en todos los cargamentos, tampoco las conclusiones de una pericia oficial están exentas de examen. La solidez de ambas posiciones debe valorarse mediante los documentos íntegros, las metodologías empleadas, la trazabilidad de las muestras y la posibilidad de contrastar los resultados.
La controversia adquirió mayor gravedad con la destrucción de la mercancía, según informó El Mostrador el 13 de octubre, concluyó la incineración de 48 contenedores que almacenaban 1.265 toneladas de madera incautada en Arica. Las autoridades chilenas señalaron que se conservaron contramuestras bajo custodia del Instituto de Salud Pública para eventuales nuevos análisis. Corresponde precisar qué material se preservó, en qué condiciones y qué verificaciones independientes siguen siendo posibles.
La destrucción no demuestra, por sí misma, ilegalidad ni inocencia, su valoración jurídica depende de las autorizaciones, las normas aplicables, la cadena de custodia y las oportunidades que tuvieron las partes para solicitar nuevos análisis. No obstante, cuando existen controversias periciales, preservar evidencia representativa resulta esencial para contrastar los resultados, por ello, deben aclararse las circunstancias de la incineración y garantizarse el acceso legal a los antecedentes y muestras disponibles.
La comisión parlamentaria boliviana que se trasladó a Arica cuestionó la suficiencia de los elementos que sustentaban las afirmaciones iniciales, sus observaciones contribuyen al control institucional, pero no sustituyen las pericias ni una decisión judicial, por tanto corresponde a las autoridades competentes establecer los hechos y determinar, conforme a derecho, las eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, el perjuicio comercial merece atención, la retención y destrucción de mercancías, los costos legales y la incertidumbre sobre futuras exportaciones pueden afectar a empresas y trabajadores que no necesariamente tienen relación con los hechos investigados.
La presunción de inocencia obliga a evitar que una sospecha se transforme en condena anticipada; al mismo tiempo, la defensa de los exportadores no debe convertirse en una declaración de culpabilidad o mala fe de las autoridades chilenas sin pruebas suficientes.
En este contexto, la visita oficial del presidente de Chile, José Antonio Kast a Bolivia, abrió una oportunidad diplomática relevante, las cancillerías ya abordaron el caso en sus conversaciones preparatorias, correspondía que la agenda presidencial permitiera avanzar en la transparencia, el intercambio de antecedentes y la cooperación entre las instituciones competentes.
No se trataba de que los presidentes sustituyan a las Fiscalías ni interfieran en la independencia judicial, se trataba de promover garantías para que las discrepancias técnicas sean examinadas, se esclarezca qué evidencia permanece disponible y sean respetados los derechos de los involucrados. Bolivia tiene el deber de defender a sus exportadores y el prestigio de su producción; Chile, el de garantizar que sus actuaciones se ajusten a la ley. Ambos compromisos son compatibles con una cooperación bilateral responsable.
La controversia también requiere seguimiento judicial, para el 20 de octubre se ha anunciado una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Arica destinada a examinar cuestiones relativas a las garantías procesales, sus resultados podrían aportar elementos importantes para esclarecer las objeciones planteadas por la defensa, sin que corresponda anticipar la decisión del tribunal.
Si las pruebas acreditan delitos, deberán establecerse las responsabilidades individuales, si resultan insuficientes, corresponderá aplicar las consecuencias procesales previstas por la ley, si se demuestran irregularidades que ocasionaron daños, deberá determinarse si existe responsabilidad y qué reparación procede. La respuesta no puede descansar en acusaciones recíprocas, sino en hechos verificables.
Al final, la pregunta no es solamente de qué madera estaban hechos los cargamentos, también es de qué madera están hechas las pruebas y de qué madera están hechas las instituciones llamadas a examinarlas.
Que la búsqueda de la verdad no termine convertida en un episodio más de la lucha contra el narcotráfico y el caso en algo mucho más duro que el quebracho colorado; que ninguna posición se endurezca tanto que impida examinar las pruebas, reconocer los errores o rectificar las conclusiones, porque la justicia no necesita maderas inflexibles, sino instituciones firmes en sus principios y dispuestas a someter sus decisiones al rigor de la evidencia.
El autor es diplomático de carrera y politólogo.