Bolivia necesita consolidar una cultura ética empresarial

Cultivar e incentivar una cultura ética en el sector empresarial boliviano constituye una necesidad para prevenir la corrupción, fortalecer la transparencia y promover una administración responsable. Su consolidación exige que las empresas públicas y privadas incorporen principios de integridad en sus decisiones y operaciones, mediante mecanismos que permitan identificar riesgos, evitar irregularidades y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado y la sociedad.
En un escenario marcado por dificultades económicas, elevados costos regulatorios, burocracia y desconfianza institucional, la ética adquiere especial importancia como instrumento para mejorar las prácticas empresariales. Sin embargo, su aplicación requiere superar comportamientos arraigados que favorecen el incumplimiento de las normas y afectan la credibilidad de las organizaciones.
El abogado especializado en Derecho Empresarial, Fernando Miranda, en entrevista con EL DIARIO, afirmó que la ética debe estar presente en todas las actividades de una empresa, desde la producción y comercialización hasta las relaciones laborales, la contratación de proveedores y la atención a los consumidores.
“La ética es una herramienta transversal de importancia que ingresa en todas las áreas, en todos los Órganos de Gobierno y con todos los terceros interesados que se vinculan con la empresa”, afirmó al explicar que su alcance comprende tanto las operaciones internas como las relaciones con otros actores económicos.
No obstante, llevar estos principios a la práctica supone enfrentar factores que pueden favorecer actuaciones contrarias a la integridad. Entre ellos, mencionó los sesgos cognitivos y la falta de autocrítica de propietarios y directivos, el desconocimiento de los riesgos y las presiones del entorno empresarial.
Asimismo, explicó que algunos ejecutivos consideran correctas sus decisiones por el solo hecho de ejercer autoridad, sin evaluar sus consecuencias ni reconocer posibles errores. A ello se suman las exigencias relacionadas con los plazos, los conflictos internos y la tentación de reproducir conductas irregulares cuando estas aparentemente no reciben sanciones.
Como referencia, citó una encuesta realizada a 40 directivos de importantes empresas europeas. Según los resultados expuestos, el 39% de las respuestas estuvo relacionado con sesgos cognitivos y falta de autocrítica; el 26%, con desconocimiento y el 22%, con deficiencias en el razonamiento ético frente a situaciones complejas.
Para Miranda, estos resultados muestran que las malas prácticas no siempre responden únicamente a la intención de incumplir las normas, sino también a deficiencias en la identificación de riesgos y en la evaluación de las decisiones.
En Bolivia, los factores externos presentan dificultades adicionales relacionadas con el funcionamiento del mercado, el uso de tecnologías, las obligaciones medioambientales y las condiciones políticas, sociales y regulatorias.
Una de sus principales observaciones apunta a las prácticas destinadas a evadir disposiciones legales, incluso cuando existen normas específicas que regulan determinadas actividades económicas. A este problema se suma la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones públicas, particularmente en el sistema judicial, debido a la percepción de corrupción y a las dificultades para garantizar el cumplimiento de la ley.
Este panorama evidencia la necesidad de que el Gobierno reduzca los obstáculos burocráticos, enfrente la corrupción y mejore las condiciones regulatorias que inciden en el desenvolvimiento empresarial.
“La regulación en nuestro país es muy cara y el cumplimiento muchas veces es excesivo por la burocracia y también por la propia corrupción desde el sector público”, manifestó el especialista, al describir las dificultades que enfrentan quienes desarrollan actividades económicas.
Otro problema es el abuso de posición dominante. Según Miranda, algunas empresas públicas y privadas han incurrido en prácticas que restringen la competencia, perjudican a otros operadores y terminan afectando a los consumidores.
“El Estado muchas veces ha implementado monopolios por parte de las empresas públicas, que ha causado daño al comercio”, sostuvo al cuestionar las consecuencias de la concentración de poder económico y las distorsiones que provoca en los mercados.
En materia tributaria, identificó la evasión y el fraude fiscal como riesgos que deben enfrentarse mediante el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento de obligaciones. También formuló observaciones sobre la actuación de la administración impositiva y la necesidad de desarrollar una relación más responsable entre las autoridades tributarias y los contribuyentes.
A estas preocupaciones se agregan el uso inadecuado de la inteligencia artificial, la vulneración de datos personales y los fraudes cometidos mediante plataformas digitales. Asimismo, mencionó los riesgos laborales, las posibles vulneraciones de derechos humanos y los daños medioambientales asociados con determinadas actividades productivas.
En este último ámbito, expresó preocupación por la escasa atención empresarial a problemas como el chaqueo, la explotación de recursos naturales y la contaminación por mercurio. Aunque algunas compañías bolivianas han asumido compromisos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, advirtió que es necesario verificar si realmente cumplen los acuerdos suscritos.
Frente a esta realidad, propone aplicar un modelo integral de ética empresarial que permita prevenir irregularidades y establecer responsabilidades mediante procedimientos verificables.
El primer componente es el denominado tono ético, que consiste en lograr que propietarios, miembros de directorios y altos ejecutivos comprendan la importancia de la integridad y la incorporen en sus decisiones. Sobre esta base debe desarrollarse un liderazgo sustentado en principios y valores institucionales, capaz de orientar las actividades de la organización.
Otro elemento fundamental es la deliberación ética, entendida como la capacidad de evaluar las consecuencias de una decisión antes de ejecutarla, especialmente cuando existen conflictos de intereses, riesgos de corrupción o posibilidades de obtener beneficios mediante procedimientos irregulares.
El especialista explicó que algunas decisiones pueden presentar irregularidades encubiertas, mientras que otras constituyen actuaciones abiertamente contrarias a los principios de integridad. Por ello, considera indispensable que los directivos desarrollen criterios para reconocer estas situaciones y resolverlas responsablemente.
La propuesta también contempla incorporar compromisos éticos en la estrategia empresarial, diseñar estructuras organizacionales adecuadas y establecer mecanismos de seguimiento que permitan comprobar su cumplimiento. Cuando los resultados no sean satisfactorios, corresponde identificar las causas y aplicar medidas correctivas.
Este proceso debe extenderse desde los niveles superiores de administración hasta todos los trabajadores, mediante políticas internas, programas de formación y procedimientos que faciliten la aplicación cotidiana de los principios institucionales.
Entre las herramientas necesarias mencionó los códigos de ética y conducta, destinados a establecer reglas claras para ejecutivos y empleados. Sin embargo, advirtió que estos documentos carecen de utilidad cuando únicamente se elaboran para cumplir formalidades y no son conocidos ni aplicados dentro de la organización.
Por esta razón, planteó desarrollar capacitaciones continuas mediante materiales audiovisuales, contenidos breves y herramientas digitales que permitan comprender las responsabilidades individuales y colectivas sin recurrir exclusivamente a procedimientos tradicionales de enseñanza.
Una de las medidas centrales de su propuesta es la implementación de canales de denuncia para identificar posibles hechos de corrupción, incumplimientos normativos y comportamientos contrarios a los compromisos institucionales.
Estos mecanismos deben permitir denuncias escritas, verbales o digitales, además de contar con procedimientos que garanticen investigaciones objetivas, confidencialidad y protección a quienes informen sobre posibles irregularidades.
Miranda advirtió que la desconfianza constituye uno de los principales obstáculos para su funcionamiento. Como referencia, citó un estudio de 2022 según el cual el 38% de los casos señalados de falta de utilización de canales éticos responde a la creencia de los trabajadores de que sus denuncias no darán lugar a medidas efectivas.
Para superar esta dificultad, propuso que estos mecanismos puedan ser administrados por comisiones con participación de directores independientes, sin intereses comprometidos en las investigaciones, y con apoyo de especialistas externos cuando corresponda.
“Si no se muestran resultados, esto quedaría en puro discurso”, advirtió, al remarcar que la transparencia debe expresarse en acciones concretas y mecanismos que permitan comprobar la eficacia de las políticas institucionales.
Estas propuestas forman parte de una investigación denominada “La arquitectura ética del gobierno corporativo”, presentada por Miranda en el XI Congreso de Gobierno Corporativo, realizado en Panamá y organizado por el Instituto de Gobernanza Corporativa de ese país.
Según explicó, el encuentro reunió a representantes de aproximadamente 300 empresas de Panamá, Centroamérica y organizaciones vinculadas con inversiones norteamericanas, para analizar nuevas tendencias y buenas prácticas de administración empresarial en América Latina.
La investigación plantea incorporar la ética como una herramienta práctica de gestión para prevenir la corrupción, fortalecer los controles y mejorar las relaciones de las empresas con trabajadores, proveedores, acreedores, clientes y otros actores económicos.
Miranda aclaró que la aplicación de estos mecanismos debe considerar las diferencias normativas entre las organizaciones públicas y privadas. En Bolivia, las sociedades comerciales se rigen por el Código de Comercio, mientras que las empresas estatales están sujetas a la Ley de la Empresa Pública y otras disposiciones aplicables.
Pese a estas diferencias, ambas necesitan instrumentos de integridad y prevención que permitan reducir los riesgos derivados de decisiones inadecuadas y actuaciones contrarias a sus responsabilidades.
La formación ética, según su planteamiento, debe renovarse anualmente y alcanzar también a accionistas, proveedores, entidades financieras, socios comerciales y clientes, con el propósito de promover comportamientos responsables en toda la cadena de relaciones empresariales.
El especialista cuestionó la práctica de algunas organizaciones que actúan sin considerar previamente los riesgos, bajo la idea de que los problemas legales podrán resolverse posteriormente. Advirtió que reparar las consecuencias de una actuación irregular puede resultar más costoso que adoptar medidas preventivas.
La consolidación de una cultura ética empresarial en Bolivia requiere, por tanto, un compromiso sostenido de los sectores público y privado, acompañado de controles efectivos, capacitación y resultados verificables. No basta con aprobar reglamentos o suscribir acuerdos si estos no se traducen en decisiones responsables y comportamientos acordes con las obligaciones de cada organización.
Para Miranda, el desafío consiste en superar una concepción exclusivamente filosófica de la ética y convertirla en una práctica permanente que permita prevenir irregularidades, fortalecer la responsabilidad institucional y recuperar la confianza en las actividades económicas.
“La ética es práctica”, sintetizó el especialista al destacar que debe convertirse en una herramienta concreta de gestión dentro de las organizaciones.