La exsenadora Centa Rek cuestionó al evismo por sus acciones frente al Gobierno de Rodrigo Paz y advirtió sobre los riesgos para la democracia que, a su criterio, representan la disputa por el poder, el debilitamiento de las instituciones y el avance del crimen organizado.
El pronunciamiento de Rek parte de las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien, en una entrevista concedida a fines de junio, advirtió que podría desatarse una guerra civil si las fuerzas policiales ingresaban al Chapare. Morales afirmó que una eventual “guerra de la coca” sería peor que los conflictos del agua, del gas y del litio, en referencia a movilizaciones que marcaron la historia política del país.
Las declaraciones se produjeron tras un bloqueo de caminos y cerco de ciudades que se prolongó durante 53 días y dejó muertos, daños materiales y pérdidas económicas. La exsenadora sostuvo que las movilizaciones impulsadas por el evismo y sus aliados buscaban desestabilizar al Gobierno y propiciar el retorno de Morales al poder.
El posible enfrentamiento en el Chapare está relacionado con la advertencia de Morales de que una intervención policial en esa región provocaría resistencia de sectores cocaleros que lo respaldan. Sin embargo, la exsenadora interpreta estas declaraciones como una señal de tensión entre la autoridad estatal y estructuras con capacidad de presión política y territorial, aunque una confrontación armada no sea inevitable.
En ese contexto, Rek considera que la amenaza de una guerra civil trasciende una demanda sectorial y plantea un desafío a la autoridad del Estado. “La amenaza de una guerra civil, condicionada a la intervención policial en el Chapare, revela hasta qué punto la autoridad estatal puede ser desafiada por estructuras que pretenden imponer sus propias reglas”, escribió en sus redes sociales.
La exsenadora también advierte que las democracias latinoamericanas pueden debilitarse cuando estructuras vinculadas con la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado adquieren capacidad para influir en las decisiones públicas y reducir la independencia de las instituciones. En ese sentido, sostuvo que el avance de las economías ilegales puede comprometer la seguridad ciudadana y el funcionamiento democrático.
“El problema de fondo es que, cuando las actividades lícitas pierden terreno y las economías ilegales adquieren capacidad de financiar, coaccionar o condicionar al poder político, el Estado comienza a servir a intereses que no responden al bien común”, afirmó Rek.
En ese marco, la exsenadora recordó que durante su gestión parlamentaria defendió la cooperación internacional para proteger las instituciones democráticas y enfrentar las redes criminales transnacionales. También mencionó el Escudo de las Américas como una iniciativa de articulación regional y planteó la necesidad de fortalecer la justicia, la cooperación entre países y la independencia institucional.
Rek dirigió además sus cuestionamientos al Gobierno de Rodrigo Paz, al que atribuyó la responsabilidad de recuperar la autoridad democrática del Estado, garantizar la seguridad de la población y proteger las actividades productivas afectadas por los conflictos. A su juicio, el Ejecutivo debe adoptar medidas que impidan que las presiones políticas condicionen el cumplimiento de la ley.
La exsenadora también pidió a la oposición asumir una posición definida frente al evismo y evitar respaldar acciones únicamente por su capacidad de desgastar al Gobierno. En su criterio, la defensa de la democracia debe prevalecer sobre los intereses partidarios y no puede justificarse la tolerancia a prácticas que debiliten las instituciones por conveniencia política.
“No se puede invocar la democracia mientras se toleran prácticas que la destruyen; tampoco se puede aspirar a reconstruir el país sin enfrentar las estructuras que lo han debilitado”, sostuvo.
Finalmente, Rek planteó que la recuperación del Estado debe sustentarse en una agenda basada en la libertad, la responsabilidad, la descentralización y el respeto al Estado de derecho. Su propuesta apunta a restablecer la confianza ciudadana, proteger las actividades productivas y prevenir nuevas confrontaciones, bajo el principio de que la defensa de la democracia debe situarse por encima de los cálculos políticos.