Injusticia causa extradiciones

Considerando, que la justicia boliviana en la actualidad está devaluada, porque la injusticia y la corrupción campean impunemente, al extremo de que la mayoría del pueblo boliviano cotidianamente pide que los fiscales, policías y los administradores de justicia que no aplican las leyes correctamente, para favorecer a los delincuentes, sean procesados y encarcelados por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y otros; teniendo presente, que el Departamento de Estado de los EEUU de Norteamérica, acusando corrupción significativa vinculada a solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico, aplicando sus leyes rechazó las visas a fiscales, policías, jueces, magistrados y funcionarios públicos de Bolivia. Por ello ya fueron detenidos el Fiscal general, Roger Mariaca y una veintena de personas. Tal realidad, permite ver que hay corrupción dentro de la administración justicia, porque muchos delincuentes quedan libres impunemente.
Dentro del Estado de Bolivia, que vive en democracia, la injusticia es intolerable desde todo punto de vista. Es que la democracia se sustenta en el conocimiento y cumplimiento de las leyes, como manda el Art. 108 de la Constitución Política del Estado, que dice: son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
Si los fiscales, jueces, vocales y magistrados no cumplen sus funciones ni atribuciones señaladas en la Constitución Política del Estado y las leyes, indudablemente cometen los delitos referidos, como autores intelectuales y/o materiales, pero ellos no están en las cárceles. Por ello, deben ser denunciados, procesados, imputados con el debido proceso, acusados, enjuiciados y sancionados con penas ejemplares, mediante sentencias condenatorias. Al parecer los delitos cometidos por los referidos funcionarios públicos, no interesa a las autoridades bolivianas, pero interesa y preocupa al gobierno de EEUU.
Por eso, aplicando sus leyes, canceló las visas de varios funcionarios públicos vinculados a la injusticia, exigiendo la aplicación de las leyes pertinentes para que los delincuentes que deben responder por sus delitos, no queden impunes, porque los delitos de narcotráfico son delitos de lesa humanidad.
Esa realidad, originará la aplicación del Tratado de extracción entre Bolivia y EEUU, como ocurrió en el pasado con otros funcionarios públicos. Ahora podría ser con los fiscales, jueces, vocales y magistrados sin visa a EEUU por solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico, cumpliendo los tramites y procedimientos respectivos previstos en el mencionado tratado y leyes pertinentes. Ni qué decir, si casi nadie confía en la justicia boliviana. Al respecto, los adagios jurídicos dicen: “El que no hace lo que debe, puede ser sancionado” y “Si no castigas los delitos, favoreces a la delincuencia”.