La separata sobre Bolivia publicada en USA TODAY exhibió una faceta del Gobierno que difícilmente se quiso promocionar. La Unidad de Comunicación Estratégica del Estado, dirigida por Ximena Galarza, aseguró que no la contrató, no la pagó y no tuvo conocimiento previo.
El 29 de septiembre, el vocero José Luis Gálvez negó que el Gobierno hubiera contratado la separata, pero informó que ENDE pagó 20.000 dólares por publicidad y que YPFB tenía pendientes otros 40.000. Hace poco la crónica de una radio de cobertura nacional recogió otra versión: lo de YPFB no se habría concretado. Cada explicación deslinda responsabilidades; ninguna termina de transparentar el conjunto.
Que la Presidencia no haya contratado la publicación no vuelve privados los recursos de las empresas estatales. En tiempos de austeridad, corresponde justificar qué beneficio se esperaba y por qué ese gasto merecía prioridad. Promover al país puede ser una decisión defendible; para defenderla hay que poder explicarla.
Con el viaje presidencial ocurrió algo semejante. Fernando Aramayo aseguró que los planes de vuelo estaban disponibles. Cuando una agencia de informaciones preguntó por el itinerario, la comitiva y la permanencia del FAB-002 en Boca Ratón, una funcionaria de su ministerio dijo no tener esa información. Después, Gálvez explicó que Paz estuvo en Miami y que el avión aterrizó en Boca Ratón por logística y seguridad. Esa explicación debe ser acompañada por documentos y cuentas.
Mientras se tramita una ley de acceso a la información, el Gobierno podría anticiparse a cumplir su propósito explicando cuánto dinero público destinó a la publicidad y al viaje presidencial, quién autorizó esos gastos y para qué. Si esclarecer sus propias decisiones exige una investigación cada vez que alguien pregunta, la transparencia que se promete por ley empieza por exhibir la opacidad con que se gobierna.
Estos episodios se suman a las controversias sobre las maletas, la madera, la gasolina, los billetes de veinte y Cerimedo. Cada caso exige esclarecer responsabilidades, pero su efecto político se acumula: una explicación incompleta prepara la desconfianza con que será recibida la siguiente.
Manejar información exige saber dónde nace un dato y quién lo verifica. Presidencia, ministros y voceros deben conocer qué está confirmado, qué falta aclarar y quién responderá. Si necesitan reconstruir ante la prensa lo que hicieron sus propias instituciones, el problema empieza antes del micrófono.
Una declaración circula por medios, redes y conversaciones; se compara con lo dicho ayer y con lo que sigue sin respuesta. La gente interpreta silencios, demoras y contradicciones. Esas interpretaciones alimentan un clima de opinión que condiciona cada nuevo mensaje. En ese intercambio se forma la opinión pública: una pregunta sobre un gasto puede convertirse en un juicio sobre la capacidad de gobernar.
El Gobierno confunde emitir mensajes con manejar información. Multiplica voces sin articular lo que saben sus instituciones con lo que necesita saber la ciudadanía. El volumen aumenta; la credibilidad se desgasta.
Se pueden sumar periodistas y comunicadores afines. Seguirán siendo ejecutantes mientras falte una conducción política que coordine las instituciones y las haga responder. No hay un Leonard Bernstein que marque entradas, tiempos y silencios. En el Gobierno no hay orden ni concierto. Si Rodrigo Paz encontró la manera de seguir siendo presidente en la virtualidad, la cacofonía de su Gobierno obliga a preguntarse cuándo aprenderá a gobernar.
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.