Ante la necesidad de debatir el futuro de una Fiscalía General del Estado (FGE) que quedó descabezada tras la aprehensión de su máxima autoridad, parlamentarios de oficialismo y oposición coinciden en que se debe proceder con la designación de un nuevo titular para el Ministerio Público; sin embargo, dicho consenso termina cuando se habla de las formas para elegir a esta nueva autoridad.
Desde el oficialismo, el diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alejandro Medinaceli, rechazó cualquier intento de interinato para reemplazar al titular de la FGE, actualmente aprehendido, asegurando que optar por esta acción sería como dar continuidad a un esquema de corrupción montado por Mariaca en el último tiempo.
Según el legislador paceño, corresponde que la ALP proceda con la designación de un nuevo fiscal general, mediante los procedimientos y mecanismos que establece la Constitución para esta tarea, en este caso la postura del oficialismo es optar por una “designación temporal” vía decreto.
“Lo que corresponde es que se haga por decreto la designación de un nuevo fiscal, para que en el corto tiempo sea la Asamblea Legislativa la que designe al próximo Fiscal General del Estado”, dijo el legislador en conferencia de prensa, advirtiendo que operadores políticos interesados en encubrir los actos de Mariaca, continúan maniobrando en la ALP en busca de manipular una próxima designación.
Al respecto, el diputado opositor por la alianza Libre, Edgar Zegarra, rechazó tal posibilidad asegurando que el Ejecutivo no cuenta con las atribuciones constitucionales para proceder con una designación de estas características.
“El Órgano Ejecutivo no tiene derecho de nombrar a un fiscal general vía decreto supremo, eso no lo vamos a permitir porque se trata de un pisoteo a la Constitución y un golpe a la democracia. Existen procedimientos Constitucionales y una institucionalidad dentro de la Fiscalía y en eso no podemos inmiscuirnos”, explicó.
Ayer, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Gobierno nacional desconoce a Luis Montaño Morales, quien se autonombró como fiscal general en las instalaciones del Ministerio Público en Santa Cruz.
Gálvez acusó a Montaño de obstaculizar las investigaciones sobre el exfiscal Roger Mariaca por instruir interferir en el sistema de recepción de denuncias del Ministerio Público y destituir a los fiscales que investigan tanto a Mariaca como a otras 13 personas vinculadas al narcotráfico y hechos de corrupción, por lo que se pidió su detención.
“Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales que, de manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general (…). Quiero que el pueblo boliviano sepa que Montaño está intentando destituir a los fiscales que están trabajando en favor del pueblo boliviano y que están trabajando para presentar las denuncias que corresponden contra las personas detenidas. Quiero denunciar ante el pueblo boliviano que han cerrado el sistema para no admitir las denuncias”, expuso.
Para designación de nuevo fiscal general
Parlamentarios rechazan interinato y posible decreto
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