El colapso del modelo energético boliviano es el desenlace inevitable de dos décadas de irresponsabilidad fiscal y apetitos políticos personalísimos de Evo Morales y su séquito.
Durante veinte años, el ciclo del «masismo» —encabezado en primera instancia por Evo Morales y continuado por Luis Arce Catacora— mantuvo al país adormecido bajo la ilusión de carburantes artificialmente baratos. Para sostener esa ilusión, echaron mano de las reservas internacionales y dilapidaron los ingresos que debieron ser reinvertidos en el potenciamiento y la exploración energética del Estado. Hoy, la burbuja finalmente ha reventado
Por ello, es inaceptable que Evo Morales pretenda hacerse la víctima y fiscalizador de una crisis de la que es el mayor responsable. De todos los ciudadanos bolivianos, Morales es el menos indicado para reclamar ante una decisión económica tan dolorosa como urgente en la coyuntura actual.
La memoria histórica es clara. En diciembre de 2010, durante su propio gobierno, Morales intentó sincerar los precios de los combustibles al proponer un incremento del 73% para la gasolina especial (de Bs 3,74 a Bs 6,47) y del 82% para el diésel (de Bs 3,72 a Bs 6,80). Su administración tomó esa medida porque sabía perfectamente que esa subvención era insostenible y obligaría, tarde o temprano, a sincerar la economía.
No obstante, primó el cálculo personal y el temor al costo político, prefirieron retroceder y cuidar sus intereses electorales antes que defender los intereses del Estado.
Veinte años después, atrincherado con un reducido séquito de bloqueadores como oficio, pagados a destajo, Morales protesta contra la misma medida que él fue incapaz de sostener por cobardía política.
Durante su gestión, las exportaciones de gas pasaron de ser el motor del desarrollo a convertirse en una cueva de alicientes ilícitos, mientras Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) era sometida al manejo degradante que hoy vemos y la insultante existencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Frente a este escenario de parálisis, el presidente Rodrigo Paz Pereira asumió el costo de tomar la decisión necesaria para remediar el desastre heredado de la trilogía Morales, García Linera y Arce Catacora. Les guste o no, la ciudadanía ha demostrado madurez al asimilar la medida, comprendiendo que la cultura del bloqueo no restituye subsidios ni genera riqueza.
Prueba de ello es la postura del sector transporte, que trabaja de manera responsable en propuestas concretas para acelerar la transición y adaptarse al nuevo contexto.
Mientras tanto, la estrategia de Morales sigue siendo la misma: buscar ventaja política del problema que él mismo provocó y llamar nuevamente a bloquear, atribuyéndole esa responsabilidad al pueblo. Sin embargo, la realidad es tajante, los miles de millones de dólares dilapidados en la subvención no se van a recuperar desde una carretera bloqueada o con protestas callejeras.
Superado el abismo de la subvención, el desafío no termina ahí. La ciudadanía y los expertos demandan señales claras de una nueva política de Estado en materia de hidrocarburos.
La tan esperada Ley de Hidrocarburos debe garantizar que una parte sustancial de los $us 2.800 a 3.000 millones de dólares que antes se esfumaban en el subsidio, sean destinados a la refinación de crudo y al abastecimiento interno de gasolina, sin descuidar inversiones en carreteras, en la vertebración vial que revitalice el comercio interno y las exportaciones, que los productores tengan la certeza de caminos despejados. Con igual importancia deben ser atendidas las apremiantes necesidades de salud y educación.
En conclusión, los bolívianos debemos adaptarnos al nuevo contexto económico. Tenemos que reconstruir el país.
El autor es exdiputado.