Ola de sicariatos debió haber sido prevista por autoridades

Puntualizando que los conflictos internos del crimen organizado y el narcotráfico generalmente se resuelven con actos de violencia extrema, el analista e investigador Manuel Morales Álvarez, cuestionó que desde el Estado no se haya previsto que el incremento de actividades ilícitas en la región oriental del país iba a derivar en conflictos entre organizaciones delincuenciales que recurren al sicariato como única forma de resolver sus disputas.
“Cuando hay disputas en temas de narcotráfico y crimen organizado, ellos no pueden acudir a la policía o la justicia, por lo que su moneda de cambio es la violencia, por eso estas actividades son tan peligrosas para la seguridad nacional y la misma democracia”, advirtió Morales.
Según el especialista, en el caso de las regiones del territorio nacional que actualmente se encuentran en amenaza constante por la violencia del narcotráfico, este fenómeno se generó por el crecimiento descontrolado del crimen organizado, con grupos que ingresan al país para concretar negocios ilícitos o dirigir operaciones en un espacio geográfico con menores restricciones que sus lugares de origen. Situación que da paso a una explosión de crímenes violentos.
“Lo grave es que cuando se deja que estas organizaciones prosperen y se vayan territorializando, adueñándose de algún espacio geográfico, por supuesto que va existir este tema del sicariato, porque esos conflictos que tienen ellos como los volteos, traiciones o deudas, se ejecutan a través de sicarios”, dijo.
Según el analista, lo que actualmente ocurre en localidades como San Ignacio de Velasco y prácticamente todas las zonas fronterizas con Brasil, es producto de la falta de previsión demostrada por autoridades del área de seguridad, no solo del actual gobierno, sino de administraciones que fueron duramente criticadas por su permisividad con la actividad del narcotráfico.
“Se tiene gran cantidad de antecedentes de actividad ilícita del narcotráfico en esta región desde hace mucho tiempo atrás, sobre todo durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo. Autoridades han sido demasiado reiterativas al advertir sobre la presencia de los dos grandes grupos criminales brasileros (PCC y Comando Vermelho), a esto se suman los antecedentes históricos relacionados a la presencia del narcotráfico como el caso Huanchaca”, explicó.
Para Morales, si se toma en cuenta la cantidad de intervenciones realizadas por la fuerza antidroga, el descubrimiento de pequeños cargamentos de droga, pistas clandestinas y la ausencia del Estado, hacen que la zona fronteriza con Brasil sea prácticamente un “trampolín” para la salida de droga hacia este país.
El fin de semana, desde el Ministerio de Defensa se informó sobre el refuerzo en la presencia de las Fuerzas Armadas en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, debido a los alarmantes hechos de violencia registrados en los últimos días.
Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, informó que unidades especiales de las Fuerzas Armadas ya habían sido desplegadas en la región y que, en esta nueva etapa, se incrementó su presencia. “Se trata de hechos que no podemos normalizar y frente a los cuales el Estado no puede permanecer indiferente”, afirmó la autoridad.
El ministro destacó que la respuesta estatal se desarrolla de manera coordinada con el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, cada institución dentro del ámbito de sus competencias.
“Se refleja también en el acuerdo alcanzado entre las instituciones nacionales, departamentales y locales. Hay compromisos concretos para reforzar la presencia policial, mejorar el patrullaje, establecer mecanismos permanentes de coordinación, fortalecer la prevención y avanzar en mayores capacidades de vigilancia”, apuntó.
Justiniano también informó que, en el marco de las investigaciones que se realizan por uno de los hechos violentos registrados en la zona, la Policía reportó siete personas aprehendidas, seis ciudadanos brasileños y un adolescente boliviano, además del secuestro de armas, municiones, motocicletas y otros elementos que serán sometidos a investigación.
Según Morales, la situación en la región fronteriza entre Bolivia y Brasil es compleja, abre varias interrogantes y, al mismo tiempo, confirma un grupo importante de certezas respecto al rol que desempeña este espacio geográfico en el aprovisionamiento y el efecto “trampolín” de cocaína hacia el Brasil y otros países más lejanos, cruzando el Atlántico.
​“Contrariamente a lo que sostienen las autoridades nacionales y departamentales, la región que corresponde a la provincia Velasco, conformada por San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco y San Rafael de Velasco, se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico ilícito de drogas debido a su extensa frontera con el Brasil y a su baja densidad poblacional en áreas rurales. Ello permite sostener la hipótesis de la existencia de una estructura delictiva que opera desde hace varios años, o quizás décadas atrás”, agregó.