La remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), expone con claridad las dos caras de la estabilización macroeconómica boliviana. La inyección de USD 1.900 millones —con la proyección de apalancar más de USD 5.000 millones adicionales en crédito multilateral— no representa un cheque en blanco, sino el inicio de una rigurosa hoja de ruta fiscal, condicionada a desembolsos trimestrales auditados.
Dimensión del ajuste
El análisis pormenorizado de las metas revela que el núcleo del ajuste fiscal —diseñado para bajar el déficit del 16% al 9,3% del PIB en 2026 y al 3,5% hacia 2029— recae de forma inmediata sobre el aparato del Estado y los trabajadores públicos:
– La contracción de la masa salarial: El compromiso de reducir el gasto salarial en más de 1 punto porcentual del PIB se materializa en un recorte cercano al 30% en la masa salarial del nivel central y sus entidades descentralizadas, equivalente a un ahorro aproximado de Bs 2.000 millones mediante la no reposición de vacantes, la finalización de contratos eventuales y consultorías, y la desvinculación de personal en áreas administrativas.
– El doble impacto inflacionario y salarial: Con una inflación proyectada en torno al 14% para el cierre de 2026 debido al sinceramiento tarifario y cambiario, el congelamiento de incrementos salariales nominales en el sector público se traduce en una erosión directa y automática del poder adquisitivo real de las familias de los dependientes estatales.
– El fin del financiamiento central: La prohibición absoluta de emisión monetaria directa del Banco Central para cubrir gasto corriente impone una disciplina de caja inédita para el Tesoro General de la Nación, eliminando cualquier margen para cubrir planillas salariales mediante asistencia crediticia interna.
El reto de la viabilidad política
Las metas cuantitativas para habilitar los desembolsos sucesivos no admiten dilaciones: cada tramo del financiamiento estará sujeto al cumplimiento de objetivos estrictos en la reducción del déficit y en la acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN). Asimismo, el retiro paulatino de las subvenciones a los carburantes hacia 2027, la libre importación privada de combustibles y el desmantelamiento gradual de las tasas reguladas en el Crédito Productivo y de Vivienda de Interés Social (CPVIS) demandarán una sintonía fina para no fracturar el mercado interno.
El éxito del programa no se medirá únicamente por el desembolso oportuno de las divisas internacionales, sino por la capacidad institucional para aplicar las salvaguardas sociales —como el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE)— y atenuar el costo directo de la contracción en la economía real del país.
El autor es periodista.