Genuzio: ya no se puede comprar combustibles caros y venderlos baratos

La propuesta más drástica y con mayor impacto social es el sinceramiento de los precios de la energía. En Bolivia, el gas domiciliario cuenta con un subsidio del 95% que beneficia de manera generalizada tanto a familias vulnerables como a industrias con alta capacidad económica que pagan tarifas irrisorias. En cuanto a los carburantes líquidos, la política de comprar caro y vender barato ha distorsionado por completo el mercado interno.
Aunque los intentos previos de aplicar una eliminación gradual o focalizada —como el retiro del subsidio a grandes consumidores del agro, la minería y la construcción— provocaron protestas inmediatas de los sectores afectados, la postura oficial se encamina hacia el levantamiento total de las subvenciones.
La autoridad sostiene que unificar los precios al valor real del mercado es la única vía para eliminar la percepción de discriminación entre sectores y, fundamentalmente, para acabar con las redes de contrabando hormiga y desvío de combustible que provocan el desabastecimiento. Como contraparte, se estructuran programas específicos de transferencia o protección para salvaguardar la economía de la población de menores recursos.
El origen de la precariedad actual radica en una prolongada desatención de la cadena productiva. Durante años, el país dependió de la explotación de campos maduros descubiertos en décadas pasadas, sin invertir recursos significativos en exploración y explotación (upstream). A esto se sumó un régimen fiscal con un government take excesivamente elevado que desincentivó la llegada de capitales extranjeros. Al no contar el Estado con la liquidez necesaria para asumir los riesgos de la búsqueda de nuevos megacampos, la parálisis del sector se profundizó.
Según la viceministra, la situación en la comercialización (downstream) es igualmente compleja. YPFB capturó la totalidad de esta actividad, centralizando decisiones que restaron eficiencia al mercado.
Además, las gestiones anteriores priorizaron la importación directa de combustibles terminados en lugar de potenciar la refinación de crudo nacional.
El resultado es que el país hoy debe importar cerca del 70% de la gasolina que consume, generando una sangría económica agravada por el encarecimiento internacional de los precios de paridad.
Para intentar revertir esta tendencia, el Viceministerio ha diseñado una nueva Ley de Hidrocarburos enfocada en modificar el régimen económico para volverlo competitivo frente a los países limítrofes.
No obstante, el proyecto lleva meses bajo análisis en el Ministerio de Economía debido al alto costo fiscal inmediato que implica la flexibilización de impuestos para los inversionistas.
La advertencia de Genuzio es clara: postergar este sacrificio fiscal hoy significará un gasto mucho mayor mañana, cuando el país se vea obligado a importar gas natural para abastecer su propio mercado interno.