El poder suele ser definido en diferentes sentidos. Clásicamente Weber lo define como “la imposición de una voluntad sobre otros”, o que es “la capacidad de un individuo o grupo para modificar la conducta de otros en la forma deseada”.
Para nosotros no existe poder político sin poder económico y, viceversa, no puede existir poder económico sin poder político. El “poder real” es ejercido por los grupos económicamente dominantes a través del gobierno estatal con sus instrumentos de ejecución, que son los partidos políticos que constituyen el “poder formal”.
Los partidos políticos buscan el “poder” representando dichos intereses, es decir buscan imponer esa voluntad frente a los intereses que le son opuestos y/o antagónicos. En Bolivia los partidos políticos han sido eliminados, pero sustituidos por “organizaciones sociales” amorfas, “corporativas”, como las que hoy rigen en el país en medio de la compra y alquiler de siglas.
Los sectores dominantes, los que imponen su voluntad en Bolivia, son los componentes de clase económicos con el visto bueno implícito o explícito de hegemonías mundiales:
– los enclavados en la minería tanto ilegal como legal, con una serie de ramificaciones;
– los componentes de la principal agroindustria y ganadería orienta.l también con sus derivaciones oscuras;
– los grupos financieros;
– los miembros del narcotráfico, con efectos extendidos en el organismo social, como el contrabando o el lavado de dinero, sin que existan compartimientos estancos en esta globalidad dominante.
Desde luego que en el ámbito de la minería ilegal –sin abstraer a la cooperativa– no existen siquiera residuos de su anterior pobreza, habiendo saltado a constituirse en “clase alta” o dominante. De ahí que, por ejemplo, los hijos de los mineros ilegales son los burgueses emergentes de la ilegalidad. Son médicos, abogados, economistas, auditores, muchos de ellos, de acuerdo a sus especialidades, insertos en negocios “legales”.
Es tan grande el poder real de esta nueva burguesía, que sus negocios están distribuidos en América, Asia, África, Europa, países árabes, contando con grandes compañías extranjeras de asesoramiento y bufetes internacionales de abogados realizando negocios multimillonarios en una red mundial de mercado.
Estudios publicados recientemente, como “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, de la Fundación Milenio, establecen que la minería ilegal mueve anualmente 4 mil millones de dólares, el narcotráfico 3 mil millones, el contrabando 3 mil millones, el lavado de dinero 2 mil millones (todos en dólares), etc., representando más del 30% del PIB, hasta generar empleo e ingresos, ‘moviendo la economía nacional’.
Todos estos sectores de clase (la oligarquía) son los que dominan la sociedad y han sido creados unos y fortalecidos otros durante los veinte años de gobierno del MAS.
Quienes piensen que el poder reside en instrumentos políticos y/o en la administración pública, confunden el “poder formal” (político) con el “poder real” (económico). Los órganos e instituciones del Estado responden a los intereses predominantes de clase social. Se gobierna para el más fuerte y el más fuerte es el que tiene predominio en la economía, es el que manda, es el poder real.
Desde luego que esta globalidad clasista necesita de una organización política que se ocupe de la administración de su poder y esa organización se afianza “democráticamente” mediante las elecciones, manipulando la voluntad del ciudadano, grandemente facilitada por la tecnología digital, tal como se ve con las “granjas de bots” para controlar de forma masiva miles de cuentas falsas en las redes sociales.
El autor es jurista.