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Ante posible nuevo “sismo político”

Gobierno plantea diálogo o cumplimiento de la ley

> Advierten que grupos radicalizados que anteriormente disfrazaron sus intereses político-ideológicos con demandas legítimas, actualmente pretenden volver a generar escenarios de confrontación para desestabilizar al Ejecutivo y forzar una ruptura en el orden constitucional.

Tras la advertencia expresada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, respecto a que en el país se pretende generar un nuevo “sismo político estructural” contra la democracia y la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE), el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, afirmó que la alerta del primer mandatario tiene que ver con las constantes amenazas emitidas desde el trópico de Cochabamba, sobre las que se activarán mecanismos de diálogo o cumplimiento de la ley, según corresponda.
En declaraciones a medios de prensa, Santamaría destacó el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a las recomendaciones expresadas por este organismo tras el conflicto social que paralizó el país entre los meses de mayo y junio del presente año.
Según el viceministro, la alerta del presidente Paz tiene que ver con aquellos grupos radicalizados que, durante los conflictos, disfrazaron sus intereses político-ideológicos con demandas legítimas, mismos que actualmente pretenden volver a generar escenarios de confrontación para desestabilizar al gobierno y forzar una ruptura en el orden constitucional.
“Las diferentes declaraciones y acciones que se realizan, además de otras convocatorias desde el trópico de Cochabamba, está claro que no son reuniones para tomar un café, son acciones que buscan articular movimientos desestabilizadores que atenten contra la democracia”, dijo.
Además, asegurando que la población boliviana es consciente de que, pese a todas las adversidades y dificultades que le ha tocado vivir, existe certeza de que es momento para trabajar y no perjudicar, por lo que el Ejecutivo acudirá al diálogo cada vez que este sea requerido y se optará por hacer cumplir la ley en caso de presentarse situaciones que excedan la norma.
“El Gobierno activará todos los mecanismos de diálogo, pero cuando corresponda y donde corresponda, hará cumplir la ley”, sostuvo.
Durante su discurso por el acto inaugural de la Feria Internacional La Paz Expone 2026, el presidente Rodrigo Paz alertó que se pretende generar otro “sismo político estructural” en contra de la democracia y la Constitución Política del Estado, esto por las amenazas de algunos sectores para reactivar movilizaciones una vez que finalice el actual estado de excepción.
“Este año han intentado darle un golpe a Bolivia y no estamos lejos de que quieran generar un otro sismo político estructural en nuestra democracia y en nuestra Constitución”, explicó el primer mandatario, advirtiendo que dichas amenazas buscan evitar el proceso de transformación del Estado que se impulsa desde su Gobierno.
Según Santamaría, será la Asamblea Legislativa la instancia encargada de analizar una posible ampliación del estado de excepción, mientras el Gobierno continuará trabajando en valorar la coyuntura y plantear respuestas a las necesidades del país. “El informe de la OEA es un resultado contundente de que dialogando y aplicando la Constitución se pueden hacer las cosas”, finalizó.
El jueves, durante la Reunión Regular del Consejo Permanente de la OEA, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que el estado de excepción fue establecido el 20 de junio porque con la medida se podía proteger a la población que se encontraba en situación de vulnerabilidad por parte de quienes bloqueaban caminos, impidiendo el ejercicio de derechos de todos los bolivianos.
Aramayo agradeció a la OEA el apoyo al sistema democrático boliviano y aclaró que el país no tuvo una crisis por “simples reclamos sectoriales”, sino que fue víctima de una estrategia de una “gobernanza criminalizada” y el “enquistamiento del crimen organizado”, pues se trató de una amenaza regional que buscó erosionar el orden democrático y forzar la interrupción del mandato constitucional expresado en las urnas en 2025.

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