Intervención no es suficiente, piden remover personal de YPFB y ANH

Luego que el Gobierno dispuso la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el exdiputado Amílcar Barral recordó que, durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) estas instancias fueron una “olla de corrupción”, por lo que debe considerarse la remoción de todo el personal vinculado a dichas administraciones.
En criterio del exparlamentario por La Paz, las recientes disposiciones del Gobierno respecto a YPFB y la ANH no deben quedar solo en una intervención, sino se debe impulsar un cambio radical en la administración de ambas entidades.
Para Barral, continuar manteniendo a los mismos operadores designados durante los gobiernos del “masismo” sería un grave error, claro ejemplo de este extremo es la actual crisis en la distribución de carburantes, situación que no ha podido ser superada, pese a todas las medidas asumidas para regularizar la venta de diésel y gasolina.
“Yacimientos se tenía que intervenir, ha sido una olla de corrupción en estos últimos veinte años con casos como el de Santos Ramírez, el escándalo por los taladros, y otros irregulares. Ha sido una olla de corrupción impresionante. La ANH mucho peor, son los que dan permiso para el tema de la compra y venta de combustible y hay serias sospechas de que eso se desvía para favorecer a empresas ilegales”, explicó.
En esa línea, el exparlamentario destacó que por fin se haya decidido asumir una posición firme respecto a YPFB y la ANH, en busca de solucionar varios temas; sin embargo, esto no pude quedar solo en una intervención para identificar irregularidades, es preciso que se proceda con la remoción de todos aquellos funcionarios que han estado haciendo daño a la institución y renovar con gente nueva.
“Lo que se necesita es llevar a los mejores profesionales a esos espacios”, añadió.
Esta semana, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, explicó que el Gobierno determinó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos deje el negocio de la comercialización y concentre sus operaciones en la exploración y explotación de hidrocarburos.
“Esto es parte de un plan que tenemos para que (…) YPFB haga lo que tiene que hacer: dedicarse a la exploración y explotación de hidrocarburos y que salga de la comercialización, porque ahí está el problema”, expresó la autoridad a propósito del Decreto Supremo 5697, que dispone la “intervención” estatal extraordinaria, transparente y temporal de YPFB.
Detalló que el Órgano Ejecutivo tomó esta medida al identificar graves deficiencias en la cadena logística de importación y distribución, situación que amenaza directamente el interés público y la seguridad energética nacional.
La intervención a la estatal petrolera será de 180 días calendario como plazo inicial. Este período puede ampliarse por una sola vez hasta 90 días adicionales mediante resolución ministerial si continúan las causas que originaron la medida. También podría terminar antes si se solucionan las condiciones que motivaron la intervención.
El artículo 5 del DS 5697 indica que la comisión interventora estará conformada por los ministros de Economía y Finanzas Públicas; de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; y de Hidrocarburos y Energías. También participa el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Asimismo, en cumplimiento del Decreto Supremo 5699, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Hidrocarburos ante evidentes deficiencias, riesgos y vulnerabilidades vinculadas al abastecimiento interno de hidrocarburos.
“Hacemos la intervención correspondiente para lograr que la ANH trabaje en lo que debería trabajar. No ha cumplido su función”, añadió Blanco, explicando la necesidad de hacer una reestructuración profunda en el sector energético boliviano, para ello se procederá al cierre de la entidad y la creación de una nueva que, inicialmente funcionará de forma paralela.
La autoridad afirmó que el Gobierno boliviano no solo busca transparentar los graves hechos de corrupción detectados, sino también coordinar acciones inmediatas con las nuevas autoridades del sector.