Advierten intento de posicionar a Beller como supuesta víctima

Asegurando que la operadora política Nadia Beller debe permanecer en territorio nacional para aportar en la investigación de distintos casos, además de responder por sus actos ante la justicia, el diputado por Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), Freddy Camacho, advirtió que las recientes solicitudes de asilo político y un salvoconducto en favor de la abogada, son maniobras para victimizarse y eludir sus responsabilidades.
En criterio del legislador representante del departamento de Cochabamba, las gestiones que se llevan adelante para sacar del país a una persona altamente cuestionada por su cercanía con Fernando Cerimedo y tener nexos con actores políticos de distintas corrientes, tiene la finalidad de posicionar la imagen de una supuesta víctima.
“Esta señora no tiene ni arraigo, es un engaño lo que se quiere hacer para que parezca una víctima y no sea investigada por ser parte del escándalo Cerimedo, en el que para nada es una víctima, sino parte de dicha estructura”, sostuvo.
En esa línea, Camacho instó a autoridades de gobierno, a la población y a la Cancillería, a no dejarse engañar por maniobras que se llevan adelante para hacer ver a Beller como una perseguida o víctima de persecución, cuando los hechos han demostrado que no tiene nada de eso.
Respeto a los argumentos expresados por la operadora política para justificar su salida de territorio boliviano en calidad de asilada, en los que se denuncia un supuesto atropello de instituciones del Estado para perseguir a quienes denuncian hechos de corrupción, Camacho afirmó que los señalamientos de Beller están más relacionados con sus nexos con el crimen organizado.
“Ella es un testigo protegido, pero si tiene nexos con el crimen organizado y deben ser ellos los que se están organizando para atentar contra su vida”, añadió el legislador, resaltando la necesidad de que las investigaciones que actualmente involucran a Fernando Cerimedo, se amplíen hacia su expareja.
“No hay por qué victimizar a uno y satanizar al otro”, finalizó.
Al respecto, el diputado potosino Edgar Zegarra insistió en su versión de que Beller es una agente cubana, cuya misión en los últimos meses fue atentar contra la estabilidad del país y la continuidad del gobierno boliviano, elegido democráticamente.
“Todo esto da muestras claras de que su único objetivo era desestabilizar la democracia y volver a reinstalar al gobierno del MAS en el poder. Es una persona que no tiene absolutamente nada de credibilidad porque ha demostrado ser una mercenaria de la política”, expuso Zegarra.
Asimismo, recordando que la expareja de Fernando Cerimedo tuvo participación en prácticamente todos los gobiernos del último tiempo y existen serios indicios de su participación en actos contra la libertad y la democracia, Zegarra cuestionó que autoridades de Gobierno, siquiera consideren la posibilidad de facilitarle su salida del país.
“No sé cómo es posible que el Gobierno le dé un salvoconducto, cuando ella debería estar en la cárcel dando explicaciones de todos los negocios y actos que llevó adelante con su socio Cerimedo”, dijo.
El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó haber recibido una comunicación oficial de la Embajada de México en la que se informa sobre la concesión de un asilo diplomático en favor de Beller, en la nota también se solicitó la emisión de un salvoconducto para que la asilada pueda abandonar territorio nacional sin ningún inconveniente.
Desde el Órgano Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anticipó que se facilitará el salvoconducto solicitado para que Beller pueda viajar a México, a menos que ella cambie de decisión, aclarando que esto no suspende las investigaciones abiertas en su contra.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el pedido se encuentra en proceso de evaluación y análisis técnico-legal, sin plazos definidos, lo que descarta la posibilidad de una aprobación inmediata.
La semana pasada, a través de una publicación en sus redes sociales, Beller acusó al Gobierno de atropellar las instituciones del Estado, someter a la justicia e instrumentalizar al Ministerio Público y la Policía para perseguir a quienes denuncian hechos de corrupción. También sostuvo que se está construyendo un aparato de impunidad para proteger a quienes actualmente ejercen el poder.
En su pronunciamiento, también hizo referencia a las denuncias del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien se declaró perseguido político y afirmó que se pretende armarle causas para destituirlo y que su vida corre peligro.
Beller consideró que dichas denuncias muestran el deterioro institucional del país y planteó: quién puede garantizar los derechos ciudadanos cuando las propias instituciones del Estado se convierten, según ella, en instrumentos de persecución.
Respecto a su situación personal, denunció que grupos parapoliciales habrían operado junto a Cerimedo durante el atentado y que la Policía mantenía un hostigamiento en su contra. “Mi vida, mi destino y mi rumbo los decido yo. Y todo el poder del Estado, con sus operadores, sus recursos y sus mecanismos de persecución, no podrá doblegar un espíritu indomable”, escribió.