Una mentira puede salvar a un gobierno. Pero cada mentira consume algo que el poder necesita para gobernar: credibilidad. Cuando los ciudadanos dejan de creerle incluso cuando dice la verdad, el problema deja de ser moral o político: la mentira comienza a erosionar las instituciones del Estado.
Hannah Arendt comprendió tempranamente este peligro. La política siempre convivió con la mentira. El problema cambia cuando ya no se falsea un hecho: se fabrica una realidad. Sin hechos compartidos, las opiniones dejan de confrontarse sobre un mundo común. Y cuando desaparece ese suelo factual, la deliberación política se degrada. Para Arendt, sin verdad factual puede haber propaganda, pero difícilmente una política con fundamento.
La consecuencia institucional es profunda. Un gobierno necesita que ciudadanos, empresarios, funcionarios y opositores atribuyan valor a su palabra. Cuando informa sobre reservas, déficit, combustibles, inversiones, acuerdos o reformas, la credibilidad funciona como infraestructura invisible del Estado. Sin ella, cada anuncio genera dudas y cada explicación exige pruebas. Gobernar no es solo decidir: es lograr que la palabra pública todavía merezca ser creída.
Timur Kuran permite entender un segundo mecanismo. En Private Truths, Public Lies estudió la “falsificación de preferencias”: personas que expresan públicamente algo distinto de lo que realmente piensan porque hacerlo resulta política o socialmente conveniente. Esa falsificación distorsiona decisiones colectivas y contamina el conocimiento disponible. Trasladada al gobierno, puede producir algo peor que fragilidad: un poder desinformado sobre sí mismo, un gestor sin brújula, atrapado en el presente y sin horizonte estratégico para conducir el futuro.
Trasladado al poder, el mecanismo resulta perverso. Un ministro calla para proteger al presidente. Otro repite una versión que sabe falsa o incompleta. El funcionario aprende qué información debe elevar y cuál ocultar. Las instituciones terminan produciendo información funcional al relato. Así se cierra el círculo institucional vicioso de la mentira. Primero el poder engaña a los ciudadanos. Después, sus propias instituciones engañan al poder.
Bolivia conoce ese riesgo. El 21F dejó una herida institucional precisamente porque una mayoría rechazó otra postulación de Evo Morales y posteriormente el poder encontró otra vía para habilitarla. El problema trascendió a Morales: quedó instalada la percepción de que incluso una decisión ciudadana podía reinterpretarse cuando contrariaba al poder.
Y hoy aparece Cerimedo. Más allá de las responsabilidades que deberán ser investigadas, las contradicciones sobre su relación con Rodrigo Paz plantean nuevamente el problema esencial: ¿qué puede creer el ciudadano? ¿Quién era Cerimedo? ¿Qué influencia tenía? ¿A quién representaba? ¿Quién lo financiaba? ¿Por qué alguien cercano al poder parece alejarse súbitamente cuando esa cercanía comienza a costar?
Richard Rose y Bernhard Wessels aportan aquí evidencia particularmente incómoda. Su investigación sobre mala conducta de los políticos muestra que comportamientos que vulneran las normas esperadas reducen la confianza política. El daño, por tanto, no queda encerrado en la reputación individual del político. Alcanza la relación entre representantes y representados.
Ese es el verdadero costo institucional. Cada mentira y cada contradicción que la protege consumen un activo colectivo: la presunción de credibilidad. Cuando desaparece, cada anuncio exige pruebas, cada explicación parece coartada y cada silencio alimenta sospechas. El gobierno puede conservar legalmente sus competencias y, sin embargo, perder algo indispensable para ejercerlas: autoridad creíble.
Entonces aparece también el costo económico. Un país con decisiones difíciles pendientes necesita credibilidad para corregir desequilibrios, atraer inversión, negociar sacrificios y construir expectativas. Si nadie cree en las cifras ni en las explicaciones, aumenta la incertidumbre y disminuye la capacidad de coordinar decisiones.
Arendt, Kuran, Rose y Wessels convergen así en una advertencia formidable: la mentira política no destruye solamente la verdad; destruye las condiciones institucionales que permiten gobernar.
Por eso la pregunta que deja el caso Cerimedo no es únicamente quién mintió. Es mucho más grave: ¿cuánta credibilidad puede perder un Gobierno antes de comenzar a perder capacidad para gobernar. Porque un gobierno puede conservar el Palacio, los ministros y todas sus atribuciones constitucionales. Pero cuando los ciudadanos dejan de creer en su palabra, puede conservar formalmente el poder mientras pierde políticamente la capacidad de ejercerlo.
Un poder sin credibilidad puede seguir administrando el Estado y mandando sobre su círculo inmediato. Lo que pierde progresivamente es algo mucho mayor: la capacidad de gobernar una sociedad.
El autor es economista PhD, consultor internacional.